La doble tragedia de las desapariciones en México: Negación gubernamental y crisis humanitaria
La desaparición en México constituye una tragedia de proporciones alarmantes, que afecta a decenas de miles de familias en todo el territorio nacional. El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no es un documento partidista ni un ataque directo a los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación; más bien, se erige como un retrato crudo de un México convulso, donde emergen nuevas formas de ejercicio del poder y la violencia.
La negación sistemática del gobierno
La segunda tragedia, quizás aún más profunda, radica en la negación sistemática por parte del Gobierno mexicano para reconocer este fenómeno criminal. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, tienden a confundir con facilidad al Estado con su encargo personal. Si bien la presidenta es la jefa del Estado, no personifica al Estado en su totalidad. Cuando se habla de desaparición forzada en México, se refiere a un patrón sistemático con complicidad de fuerzas estatales, lo que no implica culpabilidad directa de los líderes, pero sí una responsabilidad última en la gestión de la crisis.
Estas sutilezas no encajan en un discurso maniqueo, lo que lleva a las autoridades a negar la realidad antes que asumir que políticas como la tolerancia al crimen organizado de López Obrador y la obsesión por reducir homicidios como único indicador de Sheinbaum enfrentan su cuestionamiento más contundente en las terribles cifras de desaparición.
El informe de la ONU y su importancia crítica
El informe de la ONU, basado en testimonios de grupos de familiares y madres buscadoras—a quienes el gobierno ha ignorado reiteradamente—no revela información desconocida, pero su valor es innegable. Se trata del segundo informe en la era de "La Transformación" que constata no solo la falta de mejora, sino un empeoramiento de la situación. En esta ocasión, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado que la Asamblea General de la ONU intervenga directamente, subrayando la gravedad del asunto.
Implicaciones de seguridad pública y nacional
Atender el fenómeno de desaparición en México no es solo un acto de compasión mínima hacia los familiares—razón que debería bastar para movilizar todos los esfuerzos sociales—sino una cuestión urgente de seguridad pública y seguridad nacional. Es evidente que los grupos del crimen organizado están reclutando ejércitos y ejerciendo control territorial a través de diversos mecanismos de desaparición. Múltiples instancias del Estado mexicano, desde policías municipales hasta el gobierno federal, participan y se benefician de estas prácticas, actuando como cómplices por acción u omisión.
Cada ficha de búsqueda, cada salida al campo de las madres buscadoras y cada hallazgo macabro de una fosa clandestina o centro de exterminio sirven como recordatorios escalofriantes de que esta tragedia está presente, a la vuelta de la esquina. Cada vez que un funcionario o simpatizante de la 4T niega el fenómeno o, peor aún, culpa a figuras como Felipe Calderón o Genaro García Luna, se evidencia una tragedia institucional: la negación pactada de la desaparición forzada.
En resumen, la doble tragedia de las desapariciones en México—la crisis humanitaria y la negación gubernamental—demanda una respuesta inmediata y coordinada, no solo para aliviar el dolor de las familias, sino para salvaguardar la integridad del Estado y la seguridad nacional.
