Familia de Erick Omar enfrenta encubrimiento institucional tras homicidio por policías
Tres meses después de la desaparición y muerte de Erick Omar Chávez Díaz, su familia continúa enfrentando un muro de silencio institucional, irregularidades procesales y amenazas directas mientras exige que el caso sea investigado como desaparición forzada, tortura y homicidio cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
La noche que cambió todo
La tarde del 4 de noviembre de 2025, Erick Omar Chávez Díaz, de 21 años, salió a pasear con su perro por la calle Soledad en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza. El joven, quien trabajaba en un puesto de malteadas y postres en La Merced para mantener a su esposa e hijo de tres años, nunca regresó a casa.
La última vez que su familia lo vio con vida fue a través de un video compartido por vecinos, donde se observa cómo policías de la SSC lo someten, golpean y arrastran por la banqueta hacia una patrulla. En la grabación se escucha claramente a los oficiales decir: "Deja que llegue más banda para que lo madreen chido".
Búsqueda frustrada y descubrimiento trágico
Inicialmente, la familia interpretó la escena como una detención y comenzó una búsqueda desesperada esa misma noche:
- Recorrieron ministerios públicos, hospitales y separos sin encontrar registro alguno
- Al día siguiente acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde tampoco aparecía en los sistemas
- Más tarde descubrirían que sí estaba registrado, pero con datos falsos: 35 años de edad y causa de muerte por paro cardiaco
Mientras buscaban a Erick Omar con vida, el sistema institucional ya lo ubicaba como fallecido por causas naturales. Dos días después fue localizado sin vida en calles de la colonia 10 de Mayo, en la misma demarcación donde desapareció.
Confirmación inhumana y ofrecimientos sospechosos
La confirmación del fallecimiento no llegó por canales institucionales. Elementos policiales citaron a la madre de Erick Omar en el bajo puente de San Ciprián para informarle que tenían un cuerpo con las características del joven. Ahí, frente a la vía pública, les explicaron lo que llamaron una "puesta de cadáver" y les dijeron que "le tocó la mala suerte".
En ese mismo encuentro surgieron ofrecimientos para cubrir gastos relacionados con el fallecimiento, los cuales la madre rechazó inmediatamente. El cuerpo fue entregado hasta la madrugada del 8 de noviembre, y al revisarlo, la familia observó signos evidentes de tortura:
"Murió de un rodillazo, de asfixia... estaba muy golpeado, el cráneo creo que lo destrozaron, la mandíbula se la zafaron, las costillas todas se las deshicieron"Respuesta gubernamental: promesas incumplidas
Tras difundirse los videos de la agresión, el 7 de noviembre la SSC informó que había identificado y detenido a tres policías implicados. Posteriormente, la familia supo por redes sociales sobre la detención de otros tres oficiales, sin recibir notificación formal alguna.
El 11 de noviembre, durante su informe mensual de seguridad, la jefa de Gobierno Clara Brugada se pronunció públicamente: "Lamentamos mucho esta situación y toda nuestra solidaridad con la familia, y pues este caso no podemos dejar que quede impune". El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que trabajarían con la familia mediante mecanismos institucionales, pero ese contacto nunca ocurrió.
Irregularidades procesales y desconfianza institucional
La investigación comenzó sin acompañamiento para la familia. Durante tres meses no conocieron a un abogado de oficio ni recibieron orientación sobre las diligencias realizadas. Los primeros en acercarse fueron abogados particulares que ofrecieron asesoría sin costo, ayuda que terminaron aceptando por falta de alternativas institucionales.
El momento que marcó su desconfianza definitiva ocurrió cuando se enteraron por TikTok de una audiencia que ya había sucedido. El abogado defensor de los policías publicó un video mencionando que el delito podría reclasificarse de homicidio a abuso de autoridad para tres de los elementos. Nadie de la Fiscalía los había notificado.
Protestas y promesas vacías
Para llamar la atención de las autoridades, la familia bloqueó la avenida Circunvalación el 27 de enero durante más de 12 horas, exigiendo justicia y audiencia con Brugada, Vázquez Camacho y la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde. Funcionarios de Conciliación y Arbitraje les pidieron liberar la circulación con la promesa de asignarles un asesor jurídico, pero esa representación nunca llegó.
Evidencia desaparecida y amenazas crecientes
Un punto crítico de la investigación es la ausencia de evidencia clave:
- Los tenis de Erick Omar no aparecen
- Parte de su ropa está desaparecida
- Su teléfono permanece bajo resguardo de la autoridad
La familia teme que estos objetos, que podrían contener información crucial sobre lo ocurrido después de que fue subido a la patrulla, sean utilizados para argumentar que "no existen elementos suficientes".
La incertidumbre jurídica se mezcló con el miedo cuando comenzaron a recibir mensajes en redes sociales desacreditando sus denuncias y patrullas acechando frente a sus negocios sin explicación alguna. "Vienen policías y se paran por los negocios, les preguntamos qué hacen y nos dicen: 'Nos pidieron apoyo', ellos siempre salen con eso, nunca nos saben decir quién".
Vida atravesada por la injusticia
Para la familia, la vida cotidiana quedó completamente transformada. Mantienen el negocio donde Erick Omar trabajaba mientras asisten a fiscalías, protestas y citas que frecuentemente no ocurren. En medio de este panorama, el hijo de tres años del joven crece entre el duelo, movilizaciones, trámites burocráticos y esperas interminables.
A tres meses del homicidio, la exigencia permanece sin cambios: que la investigación incluya desaparición forzada cometida por policías, tortura y homicidio, y que ninguno de los implicados enfrente el proceso en libertad. Para ellos, la búsqueda de justicia dejó de ser únicamente esclarecer el homicidio de Erick Omar y se convirtió en un intento por evitar que otra familia recorra el mismo camino de impunidad y desamparo institucional.
