Una Pesadilla Judicial de Nueve Años: La Batalla de la Familia Estrada
Desde hace nueve años, la familia Estrada Hernández enfrenta una pesadilla judicial en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, por oponerse al pago de extorsión conocida como 'derecho de piso'. Carlos Estrada Betancourt, ebanista de oficio, decidió dejar de contribuir a un joven vecino que se presentaba como miembro de un cártel en la colonia Fuego Nuevo. Este individuo, conocido por vender droga, exigía pagos regulares. "Dos o tres veces contribuí para no tener problema. Una siguiente vez ya no quise acceder, porque era un joven que yo conocí del niño. Me negué y discutí con él por teléfono. Al otro día lo matan y me culpan a mí", relata Estrada a medios.
Acusaciones y Tortura Reconocida
Carlos, su hijo Cristhian y un sobrino fueron acusados de dos homicidios y dos tentativas de homicidio. Inicialmente absueltos por insuficiencia probatoria, una mala defensa y irregularidades judiciales mantienen a Cristhian en una cárcel de máxima seguridad, sentenciado a 53 años de reclusión. Carlos y su sobrino viven bajo la amenaza constante de detención. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) reconoció que los tres fueron víctimas de tortura, evidenciando su uso como "método sistemático de investigación" por la policía capitalina. Sin embargo, las autoridades han ignorado sus reclamos repetidamente.
El Terror de la Noche de Junio de 2017
La noche de junio de 2017, una balacera cerca de su domicilio desencadenó una invasión por una turba armada y policías. Los agentes irrumpieron en la casa, sacaron a Carlos por la fuerza bajo amenazas de muerte, mientras la familia, incluyendo cuatro menores, buscaba refugio en la azotea. "Nosotros escuchamos cómo entraron y destrozaron todo. Rompían cosas, abrían los muebles y tiraban todo; nosotros estábamos en la azotea tirados en el piso, con un miedo inexplicable", describe la familia. En lugar de rescate, los policías detuvieron a Cristhian y su primo, saqueando la propiedad.
Irregularidades en el Proceso Judicial
El proceso estuvo plagado de inconsistencias. La defensora Soraya Mendoza Galicia permitió que agentes instruyeran a testigos falsos y omitió pruebas clave, como evidencias de tortura y videos de alibi. A pesar de esto, un tribunal absolvió a los acusados en 2018 por contradicciones en los testimonios y hallazgos balísticos que sugerían más involucrados. Sin embargo, el Ministerio Público apeló, y una sala penal revocó la libertad sin nuevas pruebas, declarándolos evasores tras una audiencia a la que no fueron llevados por su defensora.
Último Recurso: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 21 de julio de 2025, la familia envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), narrando las atrocidades sufridas y pidiendo apoyo ante la inacción de las autoridades mexicanas. "En mi país las autoridades que podrían dar soluciones, se cubren las espaldas y siguen permitiendo la injusticia, la corrupción y la impunidad", se lee en el escrito. La CIDH ha emplazado al Estado mexicano a responder dentro de un plazo, analizando la procedencia del caso.
Impacto en la Salud y Vida Familiar
Carlos sufre lesiones permanentes por la tortura, incluyendo dislocamiento de cadera y desviación de vértebras, que le provocan dolores insufribles. Su diabetes e hipertensión se han agravado, y no puede trabajar. "Mi hija se ha querido suicidar, mi esposa llora a su hijo, y sólo pedimos justicia, que mi hijo esté libre porque no hizo nada", expresa. Cristhian, en prisión, enfrenta crisis de ansiedad y pensamientos suicidas, rodeado de internos peligrosos.
Este caso subraya los graves desafíos en materia de derechos humanos y justicia en México, donde familias humildes luchan contra la corrupción y la impunidad en un sistema que a menudo les da la espalda.
