Guerrero: La lucha interminable de Nora por los restos de su esposo olvidados en el Semefo
En el estado de Guerrero, la tragedia de las desapariciones forzadas se manifiesta en historias como la de Nora Elsi, quien lleva más de una década buscando justicia y paz para su familia. Los restos de su esposo, José Vázquez Colebrina, permanecen desde hace 11 años en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, sin que las autoridades hayan logrado su plena identificación y entrega a los familiares.
Una desaparición que marcó un antes y un después
Era la tarde del 5 de junio de 2013 cuando José, de 32 años, se dirigió al rastro municipal de Chilpancingo para dejar el camión recolector de basura que manejaba. Al salir del lugar, hombres armados lo sometieron y se lo llevaron, iniciando así un calvario para su esposa Nora y sus hijos. Durante más de 10 años, la familia peregrinó por calles, oficinas gubernamentales, cerros y fosas clandestinas en busca de respuestas.
La esperanza llegó el 10 de diciembre de 2024, cuando personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) notificó a Nora que los restos de su esposo habían sido localizados y depositados en el Semefo. La revelación fue devastadora: partes del cuerpo de José fueron encontradas junto a otros dos cadáveres desde el 5 de mayo de 2015, dos años después de su desaparición, pero la familia fue informada del hallazgo una década después.
Promesas incumplidas y burocracia interminable
En mayo de 2025, la FGE comunicó a Nora que le entregarían el cuerpo de su esposo, solicitándole actas de matrimonio, nacimiento, identificaciones personales y muestras de ADN de sus hijos. Incluso le pidieron que buscara un lugar para sepultarlo, lo cual hizo de inmediato. Sin embargo, las promesas se convirtieron en "puras largas, promesas y mentiras", según declaró Nora a medios locales.
"Exijo que me sea entregado porque ya es justo que él descanse en paz, que tenga un lugar donde descansar y que mis hijos tengan esa tranquilidad. Ya van 12 años de su búsqueda", afirmó la esposa buscadora en mayo de 2025. Recientemente, el 25 de marzo de 2026, informó que los restos de su marido fueron llevados a un laboratorio en la Ciudad de México para una segunda prueba genética, consistente en ocho fragmentos óseos, incluido el cráneo que presuntamente pertenece a José.
La crisis forense y legislativa en Guerrero
Guerrero vive una crisis humanitaria sin precedentes en materia de desaparición forzada e identificación forense. El estado registra 4,450 carpetas de investigación por desaparición y un rezago en la identificación de más de 2,000 cuerpos en el panteón ministerial estatal y en tres Semefos. Además, ocupa el primer lugar nacional en fosas clandestinas, con aproximadamente 500 según denuncias de colectivos de familiares.
La deuda legislativa que perpetúa el dolor
Desde el decreto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada el 17 de noviembre de 2017, y su última reforma del 16 de junio de 2025, organizaciones y colectivos de Guerrero han luchado sin éxito por la armonización de la ley estatal. Las tres últimas legislaturas del Congreso local, con mayoría de Morena, han evadido esta obligación, congelando iniciativas y mintiendo a las familias de las víctimas.
En 2019, durante la administración del gobernador Héctor Astudillo, se presentó el "Proyecto 741", nombrado así por el número de cuerpos sin identificar en el panteón ministerial. A pesar de las promesas, solo se logró corroborar la identidad de cinco víctimas ese año. Posteriormente, en 2022, diputados presentaron una iniciativa que no incluyó ninguno de los puntos trabajados con organizaciones y la Cruz Roja, siendo finalmente congelada en la Comisión de Derechos Humanos.
La nueva iniciativa y sus desafíos
La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares, asegura que al llegar en 2024 encontraron la comisión "vacía" de iniciativas sobre desaparición forzada. Desde entonces, afirman haber construido un proyecto de ley con 167 artículos y 13 transitorios, realizando 19 mesas de trabajo con colectivos, la FGE y otras instituciones.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta dos obstáculos principales:
- La definición del monto económico que el gobierno destinará a un fondo de apoyo familiar, contemplando aumentar de 2,000 a 3,000 pesos mensuales el pago de despensa por familia.
- La naturaleza jurídica de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que podría mantenerse dependiente de la Secretaría General del gobierno estatal en lugar de convertirse en un organismo autónomo.
La voz de los colectivos y activistas
David Molina Rodríguez, del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, forma parte de la comisión que participa en las mesas de trabajo interinstitucionales. Los familiares exigen principalmente:
- Independencia de la CEBP y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
- Creación de un Centro de Identificación Humana.
- Mayor presupuesto para la Unidad de Servicios Periciales de la FGE.
- Establecimiento en la ley local de la Declaración Especial de Ausencia.
Molina Rodríguez destaca la importancia de garantizar apoyo para la canasta básica de las madres, hermanas e hijas buscadoras, ya que regularmente se retrasa hasta por cuatro meses. Además, revela que el presupuesto de la CEBP depende mayoritariamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, con aproximadamente 24 millones de pesos anuales, mientras el gobierno estatal incumple su obligación de aportar el 10% adicional.
La oportunidad histórica de la gobernadora
Para los activistas, la gobernadora Evelyn Salgado tiene una oportunidad histórica de cambiar el panorama al establecer una ley local efectiva. "Que lo hiciera siquiera para que siga Morena y ellos sigan teniendo el poder económico... pero no se ve que tenga realmente la voluntad", cuestiona Molina Rodríguez.
Adriana Bahena, de Justicia y Verdad para los Otros Desaparecidos de Iguala, se muestra más optimista: "La ley la estuvimos trabajando y está por salir". Revela que en una reunión reciente con la comisionada Karla Quintana se determinó mantener la figura actual de la CEBP, lo que podría "desatorar" la aprobación de la ley.
La solidaridad entre familias afectadas
Nora Elsi continúa acompañando a otras familias en su lucha. El 26 de marzo de 2026 se sumó a una marcha para exigir el paradero de Heidi Shanik López Mora, estudiante desaparecida de la Universidad Autónoma de Guerrero. "Todos estos angelitos que encontremos queremos que lleguen a casa porque, así como yo esperaba mi esposo, todos tienen una familia que los espera", declaró Nora, reflejando el dolor compartido por miles en Guerrero.
Mientras tanto, según cifras de los colectivos, en Guerrero hay 1,070 cuerpos o restos en el panteón ministerial estatal, más otros mil sin identificar en los Semefos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, sin contar los depositados en fosas comunes. La crisis forense y legislativa continúa, dejando a familias como la de Nora en un limbo de espera y desesperanza.
