Gobierno federal prepara informe sobre inconsistencias en registro de desaparecidos
En medio del intenso debate público sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México, el gobierno federal anunció la presentación de un informe detallado que busca esclarecer las múltiples inconsistencias detectadas en los registros oficiales. La discusión se intensificó notablemente tras la difusión de análisis elaborados por organizaciones civiles, incluyendo México Evalúa, cuyos datos revelan un incremento superior al 200 por ciento en el número de personas desaparecidas durante la última década.
Frente a estas cifras alarmantes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que dichos números se construyen a partir de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma que —según explicó— presenta múltiples deficiencias técnicas y administrativas que afectan la interpretación precisa del fenómeno.
"La plataforma tiene muchos problemas" reconoce el gobierno
Durante la conferencia matutina del 10 de febrero, el gobierno federal reconoció públicamente que ha identificado graves deficiencias en los esquemas de registro y múltiples casos con datos personales incompletos, lo que ha obstaculizado determinar si alguien fue localizado o incluso si existe una carpeta de investigación abierta.
"Esa plataforma tiene muchos problemas y obviamente nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar cifras, queremos transparencia absoluta; el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término", declaró Sheinbaum frente a los medios de comunicación.
La mandataria añadió que "lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición, cuántos tienen información completa, carpetas de investigación; en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado". Según sus palabras, estas deficiencias han dificultado seriamente el seguimiento, la búsqueda y la aplicación efectiva de la ley.
El fenómeno de "volver a desaparecer" en los registros
El RNPDNO, contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición vigente desde enero de 2018, es administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Esta herramienta sustituyó al anterior Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), heredando sus problemas de confiabilidad que incluyen elevado subregistro y omisiones en actualizaciones por parte de fiscalías estatales.
La situación se repite con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar certeza sobre el número "real" de desapariciones. Sin embargo, esta iniciativa sumó múltiples errores desde su inicio en mayo de 2023, incluyendo:
- Falsificación en formularios de firmas de víctimas supuestamente localizadas
- Pérdida de centenares de cuestionarios realizados a familias
- Borrado de nombres del registro oficial sin formalizar procesos
La organización Data Cívica lanzó la plataforma "Volver a desaparecer", que permite verificar qué ha pasado con cada nombre entre diferentes versiones de registros. En 2024, identificaron que al menos 10,953 nombres fueron borrados del censo impulsado por López Obrador, supuestamente correspondientes a personas ya localizadas, pero algunas familias detectaron nombres de seres queridos eliminados sin tener información sobre su paradero.
Casos emblemáticos de eliminación irregular
Entre los casos documentados se encuentra el de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978 durante la llamada "guerra sucia" y borrada de la lista de la Estrategia Nacional pese a estar registrada en el RNPDNO. Tras la denuncia de su hija, su nombre fue finalmente añadido al censo gubernamental.
Otro caso es el de Marco Antonio Orgen, desaparecido en 2013 en Huauchinango, Puebla, quien hasta hace dos años no aparecía en el RNPDNO a pesar de que su hija, Irma Virginia Orgen, denunció la situación en tres instancias locales y federales. Actualmente su nombre aparece bajo la categoría de "confidencial" sin datos específicos.
El análisis de Data Cívica reveló que en la versión pública del RNPDNO, "campos fundamentales como el contacto de la persona que denunció la desaparición se dejaron en blanco en siete de cada diez casos", evidenciando graves omisiones por parte de las autoridades.
"La responsabilidad es del Estado mexicano"
Para Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, mientras el Estado mexicano no aborde las causas de fondo —incompetencia de fiscalías, falta de coordinación interinstitucional, ausencia de recursos y voluntad política—, los registros seguirán siendo insuficientes y las familias continuarán sin respuestas.
"La ley establece que los registros deben recaer en el Sistema Nacional de Búsqueda, que incluye la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay un deber compartido; la responsabilidad de que esos registros no estén completos es del Estado", afirmó Meltis en entrevista.
Un informe de 2025 de la iniciativa Red Lupa, impulsada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, documenta que desde que en 2022 se superó la cifra de 100,000 desaparecidos, los casos reportados no han dejado de crecer: aumentaron 7.3% en 2023, 6.3% en 2024, y un preocupante 12% en 2025.
Hasta el 16 de febrero de 2026, según el RNPDNO, hay un total de 131,822 personas desaparecidas y no localizadas, concentradas principalmente en Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Nuevo León.
Deficiencias estructurales en el sistema de búsqueda
El documento de Red Lupa expone que, aunque se han creado 124 instituciones responsables de la atención a personas desaparecidas y sus familias en los estados, los avances no se han traducido en disminución de casos ni aumento en identificaciones. Entre las principales deficiencias encontradas:
- Falta de personal en comisiones locales: En 32 estados existen comisiones locales de búsqueda, pero en algunos casos están compuestas por apenas una o dos personas. La comisión de Campeche durante 2023 contaba con solo cuatro servidores públicos.
- Ausencia de fiscalías especializadas: Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de fiscalías especializadas en desaparición, pese a estar establecido en la ley. Donde existen, enfrentan desafíos de recursos y capacitación.
- Crisis en identificación humana: Menos de un tercio de los estados cuenta con centros de identificación humana o panteones forenses, derivando en falta de registro adecuado de personas fallecidas sin identificar y ausencia de base de perfiles genéticos homologada nacionalmente.
- Impunidad en casos de larga data: Las desapariciones ocurridas tiempo atrás son clasificadas como "casos de larga data" con criterios temporales discrecionales, donde rara vez hay avances sustanciales en investigaciones.
Polémica regresión a carpetas de investigación
Un punto especialmente delicado es la intención gubernamental de volver a centralizar el conteo en torno a las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías. En 2017, las familias exigieron separar la búsqueda de la investigación penal precisamente porque la búsqueda debía ser inmediata y no depender de procesos ministeriales históricamente lentos e ineficientes.
La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda aspiraba a que la localización de personas no dependiera exclusivamente de la lógica penal. Muchas familias optaron por no abrir carpetas por miedo, desconfianza o sospecha de colusión entre autoridades y perpetradores.
"Regresar ahora a las carpetas de investigación implica problemas importantes. Será volver a la responsabilidad de las fiscalías que, sabemos, son absolutamente ineficientes y que por eso se creó la CNB para enfocarse en la búsqueda y no en la investigación", advierte Mónica Meltis.
En 2025 se anunció la implementación de una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos y mayor intercambio de información entre instituciones. Sin embargo, persiste la pregunta central: si las fiscalías no han sido capaces de registrar correctamente la información hasta ahora, ¿qué garantiza que lo harán con nuevas plataformas?
"Desde una perspectiva técnica, el problema no radica en la ausencia de plataformas, sino en la falta de coordinación efectiva y voluntad institucional. Existen pendientes fundamentales, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y el Banco Nacional de Datos Forenses, que no han sido plenamente consolidados", añade la especialista.
Meltis concluye que los registros deben ser herramientas para la búsqueda, no sustitutos de ella. Crear nuevas bases de datos sin resolver la incapacidad estructural de las fiscalías y sin garantizar transparencia puede reproducir las mismas inconsistencias bajo un nuevo formato. "Mientras no se garantice información completa, verificable y transparente, cualquier reducción en las cifras seguirá generando más preguntas que respuestas", sentencia.
