Contra el olvido: La historia de Juliana García a medio siglo del golpe de Estado en Argentina
Para Jorge Rafael Videla y la junta militar que tomó el poder tras el golpe del 24 de marzo de 1976 contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la represión debía ser total: política, social y también familiar. En ese engranaje de terror cabía todo: secuestros, centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, saqueo de bienes y una práctica que con los años revelaría su dimensión más perversa: el robo sistemático de bebés.
Una infancia truncada por el terror
Juliana Inés García tenía apenas tres años cuando su vida cambió para siempre. La madrugada del 12 de enero de 1977, en Villa Adelina del Conurbano Bonaerense, un operativo conjunto entre el Ejército y la policía rodeó su casa mientras dormía con sus padres. Buscaban a Antonio García y Beatriz Recchia, militantes de la organización peronista Montoneros.
"Intentaron entrar a la casa. Teníamos un patio y ahí hubo un tiroteo donde mataron a mi papá. Vi cómo lo asesinaron y después su cadáver fue enterrado como NN al día siguiente. Mi mamá fue secuestrada", relata Juliana con una calma trabajada a lo largo de décadas.
Beatriz Recchia estaba embarazada de cinco meses cuando fue llevada por las fuerzas represivas. La niña de tres años permaneció durante horas bajo control militar hasta que finalmente la dejaron con sus abuelos maternos. No fue una decisión humanitaria: simplemente, para el aparato represivo, Juliana ya era demasiado grande para ser "apropiada".
El plan sistemático de apropiación de bebés
La dictadura estructuró un plan metódico de apropiación de bebés y niños con centros de detención ilegal como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, el Pozo de Banfield y La Perla, donde funcionaron maternidades clandestinas. Según datos oficiales, alrededor de 500 hijos e hijas de personas desaparecidas fueron apropiados entre 1975 y 1980.
"La apropiación por parte de los militares funcionó como botín de guerra, pero iba más allá. Vieron la posibilidad de que militares y personas cercanas a ellos que no podían tener hijos tuvieran otra forma de acceso al mercado de niños, sin tener que acudir a la adopción", explica Juliana.
El resultado fue una red clandestina de adopciones ilegales que borraba identidades y genealogías completas, reeducando a los hijos de quienes el régimen llamaba "terroristas" según los valores que consideraban correctos.
La búsqueda incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo
El 30 de abril de 1977, como respuesta ante tal barbarie, las madres comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo para exigir respuestas al gobierno. Ante la prohibición de concentraciones, comenzaron a marchar de a dos, tomadas del brazo, alrededor de la pirámide central de la plaza, instaurando la histórica "ronda de los jueves".
Seis meses más tarde, una madre que también era abuela se apartó de la ronda y preguntó: "¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?". En ese momento comprendieron que debían organizarse para buscar a los hijos de sus hijos secuestrados por la dictadura.
Esta lucha colectiva continúa hasta hoy. Hasta julio de 2025, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad a 140 nietos secuestrados o nacidos en cautiverio durante la última dictadura.
El reencuentro tras 32 años de incertidumbre
Tras el secuestro de Beatriz, sus familiares comenzaron un doloroso recorrido de búsqueda. En la reconstrucción de la historia, Beatriz fue vista por sobrevivientes en el Campo de Mayo, donde nació su hija Bárbara entre el 1 y el 17 de mayo de 1977.
Después de años de incertidumbre, el equipo jurídico de la Asociación inició una causa para conocer el origen de una joven que podía ser hija de desaparecidos. El 12 de febrero de 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que era la hija de Beatriz y Antonio. Pasaron 32 años para que las hermanas se conocieran.
En 2010, Juliana declaró en el juicio contra los apropiadores de su hermana: José Ricchiutti, exsuboficial de inteligencia del Batallón 601, y su esposa Elida Hermann, quien simuló un embarazo para fraguar la retención de Bárbara. Ambos fueron condenados a prisión por retención, ocultamiento y alteración del estado civil de un menor.
La memoria como resistencia frente al negacionismo
Hoy, Juliana es licenciada en Trabajo Social y trabaja en una unidad fiscal que investiga los casos de apropiación de niños durante la dictadura. Su labor consiste en investigar casos de apropiación y colaborar en la restitución de identidades.
Sin embargo, ese entramado institucional enfrenta un nuevo escenario con el gobierno de Javier Milei, quien asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2023. "Estamos atravesando un momento difícil con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que no sólo es negacionista de la última dictadura, sino que la reivindica. Es un retroceso porque trata de desprestigiar a 'las viejas', como les decimos acá, y a todo el trabajo que venimos haciendo", denuncia Juliana.
El gobierno actual ha recortado financiamiento, desmantelado áreas de investigación, restringido acceso a archivos y reestructurado instituciones clave dedicadas a la memoria histórica.
50 años después: La promesa de justicia continúa
En 1985, Videla fue condenado a prisión perpetua por homicidios, secuestros y torturas. Cumplió la condena inicialmente en prisión, fue indultado cinco años después, y en el 2000 fue juzgado y condenado nuevamente. Murió en la cárcel de Marcos Paz en 2013, a los 87 años.
Para Juliana, el 24 de marzo es una de las fechas más importantes del año. "No me gusta para nada, es dolorosa, incluso más que el 12 de enero que fue cuando ocurrió el operativo en mi casa. Este año tiene la particularidad que son los 50 años del golpe de Estado, así que se renueva la promesa de justicia, de buscar a los nietos que faltan y de mantener viva la memoria", concluye.
Según el historiador José Manuel Azcona, "la dictadura militar bajo el yugo de Jorge Videla fue una de las más dramáticas de todas las que se impusieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina". Los cálculos hablan de que casi 30 mil argentinos fueron ejecutados durante ese período oscuro que hoy, a medio siglo de distancia, sigue exigiendo verdad, memoria y justicia.
