Laicismo y democracia: Por qué el Estado debe separarse de la fe religiosa
Las razones que nos llevan a votar por una opción política en lugar de otra pueden tener orígenes diversos, y entre ellos, no se pueden descartar las valoraciones éticas basadas en convicciones religiosas. Sin duda, la religión forma parte integral de la personalidad de quienes decidimos abrazar una fe. Pero, ¿debe este factor ser relevante para el Estado? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo no.
Historia y conflictos: La mezcla de religión y política en México
La historia mexicana está plagada de sucesos donde la religión se ha entrelazado con la política, trascendiendo las convicciones personales. En muchos casos, esto ha derivado en intentos por imponer una fe única o establecer privilegios y prebendas para estructuras religiosas específicas. Literalmente, se ha derramado sangre por estas razones, lo que subraya la necesidad de una separación clara.
Creo firmemente que una democracia debe ser eminentemente laica, pero no enemiga de la fe religiosa, a diferencia de modelos como el Tecnofeudal. El laicismo que defiendo es aquel en el que el Estado no muestra interés alguno en la fe o el ateísmo que cada persona profesa individualmente. Este dato debe ser irrelevante para la concesión o reconocimiento de derechos, así como para su tutela.
Derechos y ciudadanía: Más allá de la fe
En otras palabras, no se deben tener más o menos derechos por poseer o no una convicción religiosa particular. Por esta misma razón, el Estado no debe intentar frenar la expansión de una creencia ni alentar el crecimiento de otra. Su rol se limita al cumplimiento del Derecho nacional, sin más pretensiones.
Este modelo no es un Estado enemigo de la religión, ya que no combate la idea de que las personas crean en lo que decidan creer, y por tanto, no impone el ateísmo como política de Estado. Tampoco establece barreras para el surgimiento o la extensión de nuevas creencias, fomentando un ambiente de pluralidad.
Diálogo y convivencia: Lecciones de la historia
La democracia laica permite un diálogo fructífero entre distintas confesiones porque, si algo aprendió de la Revolución Francesa, es que el concepto político fundamental es la categoría de ciudadana o ciudadano. Para obtener esta categoría, la confesión personal no es relevante. La ciudadanía no puede estar ligada a la fe, y el derecho a participar en la discusión pública no debe estar sujeto a la religión de las personas.
No se les puede exigir que den a conocer su fe, ni que se comporten conforme a alguna creencia específica, y mucho menos se les puede excluir por este motivo. Sin embargo, tampoco se puede permitir que las decisiones del Estado se alineen con una creencia determinada, lo que podría generar desigualdades.
Regulación y ética civil: El papel del Estado
El Estado puede, y debe, regular algunos aspectos en materia religiosa, siempre en beneficio de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Puede imponer cargas u obligaciones a las asociaciones religiosas, sin que esto pretenda su desaparición o reducción. Para el Estado, la ciudadanía y los derechos no son un tema de religión, sino de una ética civil y, por tanto, laica.
En resumen, la separación entre Estado y religión es esencial para una democracia saludable en México. Permite proteger los derechos de todos, independientemente de sus creencias, y evita los conflictos históricos que han marcado nuestro pasado. Al adoptar un laicismo genuino, fortalecemos nuestra convivencia y garantizamos un futuro más justo y equitativo para todas y todos.
