Libertad condicional para militares cómplices de tortura sexual contra Inés Fernández Ortega
En un controvertido fallo judicial, el juez federal Lino Román Quiroz otorgó la libertad condicional y una multa de 5 mil pesos a dos mandos militares considerados cómplices en el caso de tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, ocurrido en Ayutla de los Libres, Guerrero, en el año 2002. La representación legal de la víctima ha denunciado que esta decisión pone en riesgo inminente la integridad física de Inés y sus testigos, solicitando al Estado mexicano garantías de seguridad ante el persistente fuero militar en el país.
Presiones políticas y cambio de juzgado
Según los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la diputada local del Estado de México, Miriam Silvia Mata, esposa de uno de los implicados, presionó a la jueza Nallely Urbano Juárez, quien inicialmente dictó prisión preventiva. Esto habría llevado a que el caso fuera transferido al Juzgado Octavo de Distrito, donde el juez Román Quiroz modificó la medida cautelar a libertad condicional. El abogado Rogelio Teliz García afirmó que la diputada trató de manera déspota a la jueza, lo que culminó en su excusa para seguir conociendo del asunto.
Antecedentes del caso y sentencia internacional
Los hechos se remontan al 22 de marzo de 2002, cuando soldados del 41 Batallón de Infantería de Operaciones Méndez irrumpieron en la vivienda de Inés Fernández y su esposo Fortunato en la comunidad Barranca Tecoani. Los militares interrogaron a la familia sobre la procedencia de carne seca y presuntos vínculos con la guerrilla, procediendo luego a agresiones físicas y tortura sexual contra Inés. El subteniente Raquel Méndez Hernández y el sargento Andrés Sosa Zepeda fueron testigos de estos actos.
Tras ser desestimado por las instancias judiciales mexicanas, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 condenó al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos y exigió una investigación. En 2013, dos soldados fueron detenidos: Juan Humberto García de León, sentenciado a 28 años de prisión, y Salvador Aguilar Otañez, quien murió en circunstancias misteriosas en 2017. Méndez y Sosa fueron aprehendidos en 2025 y 2026, respectivamente, pero ahora han obtenido la libertad condicional.
Preocupaciones por la seguridad y el fuero militar
La representación de Inés Fernández ha impugnado la resolución ante un tribunal colegiado de apelación, argumentando que el juez actuó de manera parcial a favor de los militares. Teliz García destacó que el cambio de medida cautelar y la baja multa constituyen una burla a la justicia, especialmente considerando la gravedad del delito de tortura sexual, tipificado como grave en la legislación mexicana.
Además, se alerta sobre el riesgo de que el fuero militar permita actos de intimidación contra la víctima y sus testigos. El abogado llamó al Estado a implementar medidas de protección urgentes, subrayando que esta decisión judicial refuerza la impunidad histórica en casos similares, como los de Valentina Rosendo y Rosendo Radilla.
La lucha por justicia en este caso continúa, con la esperanza de que las instancias superiores reviertan esta polémica medida y aseguren la seguridad de todos los involucrados.
