ONU avanza en diálogo con Venezuela para reabrir oficina de derechos humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene conversaciones activas con el gobierno venezolano para restablecer una oficina en Caracas, según informó este martes una portavoz de la organización internacional. Este movimiento representa un paso significativo tras la expulsión de los miembros de la oficina en febrero de 2024, luego de que expresaran su profunda preocupación por la detención de la abogada y defensora Rocío San Miguel.
Diálogo directo con autoridades venezolanas
El alto comisionado Volker Türk sostuvo una conversación telefónica el pasado 26 de enero con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. Durante este intercambio, Türk ofreció el apoyo de la ONU para ayudar a Venezuela a elaborar una hoja de ruta que centre los derechos humanos en los procesos de diálogo y reconciliación nacional.
"Las discusiones continúan sobre el restablecimiento de nuestra presencia en el país", confirmó Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado, durante una rueda de prensa en Ginebra. La oficina envió recientemente un equipo técnico a Caracas entre el 31 de enero y el 4 de febrero, con el objetivo específico de preparar la reapertura de la representación.
Evaluación sobre el terreno y encuentros con la sociedad civil
El equipo de la ONU no solo se reunió con autoridades gubernamentales durante su visita, sino que también mantuvo contactos con numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana. Entre los interlocutores se incluyeron:
- Defensores de derechos humanos liberados recientemente
- Familiares de personas que permanecen detenidas
- Representantes de organizaciones no gubernamentales locales
Estos encuentros permitieron a los enviados de la ONU obtener una visión integral de la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, particularmente en el contexto de las recientes liberaciones de presos.
Contexto de liberaciones y ley de amnistía pendiente
El gobierno interino venezolano se comprometió el 8 de enero, bajo presión internacional principalmente de Estados Unidos, a liberar un número significativo de detenidos. Según el registro de la oenegé Foro Penal, se han producido 426 liberaciones desde esa fecha.
Sin embargo, tanto familias de los afectados como organizaciones de derechos humanos han denunciado la lentitud del proceso y la necesidad de medidas más amplias. En este contexto, la Asamblea Nacional venezolana aplazó sin nueva fecha la sesión parlamentaria prevista para este martes, en la que debía aprobarse la ley de amnistía que permitiría la liberación de presos políticos.
"La ley de amnistía constituye un avance positivo para reforzar la cohesión social, la reconciliación nacional y la convivencia", comentó Shamdasani. No obstante, la portavoz añadió que sus disposiciones deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y debería abarcar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Recomendaciones integrales para un proceso sostenible
El Alto Comisionado de la ONU insiste en que cualquier medida de amnistía debe inscribirse en una estrategia más amplia que incluya:
- Reparaciones adecuadas para las víctimas
- Mecanismos de rendición de cuentas
- Reforma profunda del sistema judicial venezolano
La posible reapertura de la oficina del Alto Comisionado en Caracas representaría un hito importante en el monitoreo internacional de la situación de derechos humanos en Venezuela, particularmente en un momento de transición política y social marcado por las negociaciones entre el gobierno y sectores de la oposición.
