Exigen a la Suprema Corte vigilancia estricta sobre plazo para despenalizar el aborto en Guanajuato
Diputadas federales, funcionarias del Gobierno de la Ciudad de México y legisladores de Guanajuato han realizado un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La petición exige que el máximo tribunal esté atento al cumplimiento del plazo de 90 días que fijó para que el estado de Guanajuato, gobernado por el PAN, adecúe su legislación y cese de criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho al aborto.
Foro en la Cámara de Diputados denuncia violaciones a derechos humanos
Durante el foro “Es tiempo de Mujeres: el aborto es un hecho y decidir nuestros derechos”, celebrado en la Cámara de Diputados, se expuso que Guanajuato es un estado que ha violentado sistemáticamente los derechos humanos al criminalizar y encarcelar a mujeres por abortar. Se mencionó el caso conmovedor de una mujer de 29 años, pero con una edad mental de 9 años, quien fue violada por un familiar y posteriormente encarcelada por haber interrumpido su embarazo.
La diputada morenista Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló con firmeza: “Durante años las mujeres hemos enfrentado desinformación intencional, falta de voluntad política y un conservadurismo arraigado que ha buscado frenar los avances indispensables en materia de justicia social y salud pública”.
Ausencia de perspectiva de género en cargos públicos
La legisladora reconoció que muchas mujeres llegan a ocupar cargos públicos sin abanderar la defensa de acciones legales bajo la perspectiva de género, sin comprender cabalmente cómo las leyes impactan de forma diferenciada en la vida de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente en el caso del derecho al aborto.
“Esta ausencia de perspectiva ha tenido consecuencias dolorosas: reformas a leyes de salud y educación detenidas en comisiones, iniciativas que no avanzan, códigos penales desactualizados, leyes de salud sin armonización, y estados donde los derechos siguen dependiendo más de decisiones políticas que de principios de justicia e igualdad”, afirmó Burgos Hernández durante su intervención.
En el foro estuvieron presentes destacadas figuras como:
- Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la CDMX.
- Nashely Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México.
- María Dolores González Arabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país.
Necesidad de un cambio cultural profundo
Entre los discursos más destacados por el derecho al aborto, resaltó la exposición de Lilian Abracinskas, senadora suplente del Frente Amplio de Uruguay. Abracinskas puntualizó que el derecho a decidir representa un cambio cultural de profundas dimensiones, donde se reconoce que las leyes, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas.
“Gran parte de este debate es exponer cómo cambiar el sistema político, social y legal, que históricamente ha puesto a las mujeres en el lugar de seres tutelables, controlables, como incapaces de tomar nuestras propias decisiones morales”, declaró, subrayando que este cambio aún provoca fuertes movilizaciones sociales.
Lecciones desde Uruguay: una ley restrictiva y estigmas persistentes
La senadora uruguaya compartió la experiencia de su país, donde, a pesar de las adhesiones ciudadanas, el poder político ha vetado leyes conquistadas, representando un “choque brutal” ideológico. Refirió que, aunque existe una ley a favor del aborto desde 2013, ésta es en realidad restrictiva debido a objeciones de conciencia, ideario e incluso de mujeres.
“A las mujeres migrantes no se les permite abortar, sino hasta después de un año de radicar en Uruguay, y comprobarlo. Hoy hay alrededor de 10 mil abortos legales, se estima. Y esta ley derivó en estigmas sociales, porque no hubo campañas, y se deben usar eufemismos por el derecho a abortar”, comentó Abracinskas, concluyendo que si el derecho a decidir sólo funciona para algunas, entonces no estamos todas incluidas.
Contextos de criminalización y la urgencia de leyes integrales
Por su parte, Dafne Cuevas señaló que las mujeres siempre “hemos abortado”, pero estos actos siempre están marcados por los contextos en que ocurren. Manifestó que las leyes deben prever todos los contextos para eliminar las acciones de criminalización y garantizar el acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo.
Este foro subraya la presión continua sobre la SCJN y los gobiernos estatales para armonizar las legislaciones con los derechos humanos, en un momento donde la despenalización del aborto sigue siendo un tema de intenso debate nacional.
