La sombra del Rancho Izaguirre: Cuando el horror se enfrenta al olvido institucional
En las históricas barricadas estudiantiles de París en mayo de 1968, un manifestante describió con crudeza la evolución de la resistencia frente a la represión: primero gritaron "no pasarán" y pasaron; después exclamaron "no volverán a pasar" y volvieron a pasar; finalmente, se resignaron diciéndose "haremos como que no pasaron". Esta misma dinámica de negación y olvido parece haberse instalado en el Gobierno mexicano respecto a la tragedia del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron miles de zapatos, mochilas y prendas personales de jóvenes desaparecidos.
La narrativa oficial: Del horror al silencio calculado
Las autoridades, en un preocupante acto de coordinación, han implementado una estrategia sistemática para minimizar y ocultar lo ocurrido en el Rancho Izaguirre. El Gobierno federal, el Gobierno estatal de Jalisco, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado se alinearon en una misma versión: no hubo exterminio en ese lugar, solo era un supuesto campo de entrenamiento. Según esta narrativa oficial, ni la Fiscalía estatal ni la Guardia Nacional tuvieron participación alguna, atribuyendo toda la responsabilidad a funcionarios municipales, desde policías hasta el alcalde.
La investigación, que prometía ser exhaustiva, se diluyó en declaraciones grandilocuentes y superficiales. El entonces fiscal Alejandro Gertz Manero fue "premiado" con una embajada, mientras el tema desapareció por completo de las conferencias matutinas presidenciales. Los responsables últimos del reclutamiento forzado nunca fueron detenidos, y las madres buscadoras continuaron su lucha sin el apoyo institucional prometido.
Las cifras que gritan: El drama continuo de las desapariciones
Mientras el Rancho Izaguirre caía en el olvido mediático, la tragedia de las desapariciones en Jalisco continuaba su curso implacable. Entre el 5 de marzo de 2025 y el 31 de enero de 2026, se registraron 893 personas desaparecidas y no localizadas en el estado. Las desapariciones ocurridas en febrero y los primeros días de marzo aún no han sido incorporadas al Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, por lo que se estima que la cifra total del último año rondará aproximadamente mil nuevas desapariciones.
Esto significa que mil familias jaliscienses más se han sumado a las casi 32 mil que ya han experimentado la angustia de tener un ser querido desaparecido, según cifras reconocidas por el propio gobierno federal. Para muchas de estas familias, el desenlace ha sido encontrar a sus familiares sin vida, mientras que otras continúan en la incertidumbre absoluta.
La indolencia institucional y el trato inhumano
El Rancho Izaguirre pasó de ser un símbolo del horror de las desapariciones en México a convertirse en la constatación palpable de la indolencia gubernamental. El trato proporcionado por las autoridades a los familiares de desaparecidos ha sido calificado como inhumano y carente de empatía. Sorprendentemente, han sido periodistas a través del proyecto "Las prendas hablan" quienes han facilitado a las buscadoras y buscadores el acceso a la identificación de prendas encontradas, mientras las fiscalías correspondientes no dan el seguimiento adecuado a estos hallazgos.
La visita presidencial: Grandilocuencia versus realidad
En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Guadalajara para hablar sobre los "éxitos" de la política de seguridad, destacando la reducción de homicidios y otros datos estadísticos favorables. Sin embargo, esta narrativa triunfalista contrasta brutalmente con la realidad del Rancho Izaguirre y las miles de desapariciones no resueltas. Para las familias afectadas, el mensaje implícito es claro: se prioriza combatir las estadísticas en lugar de atender verdaderamente a las víctimas y sus necesidades.
El Gobierno parece más preocupado por preparar informes que reduzcan las cifras oficiales que por implementar políticas efectivas que prevengan nuevas desapariciones y atiendan a quienes ya las sufren. La tragedia del Rancho Izaguirre, lejos de ser una anomalía, se ha convertido en un símbolo de la normalización del horror y la incapacidad institucional para enfrentar uno de los problemas más graves que aquejan a la sociedad mexicana.
