Fiscalías imponen requisito para registro de personas desaparecidas
En un procedimiento que ha generado controversia y preocupación entre organizaciones civiles, diversas fiscalías estatales en México están condicionando el registro de personas desaparecidas a la existencia previa de una carpeta de investigación abierta. Esta práctica, según expertos y activistas, representa un obstáculo significativo en la búsqueda inmediata de individuos, contraviniendo los protocolos nacionales e internacionales establecidos para estos casos.
Retrasos en la atención a desapariciones
La exigencia de una carpeta de investigación como requisito previo para iniciar el registro de búsqueda ha resultado en retrasos críticos en la atención a las desapariciones. En muchos casos, las familias y denunciantes se enfrentan a una burocracia que puede demorar horas o incluso días, tiempo valioso que se pierde en la localización de la persona desaparecida. Este procedimiento no solo viola el principio de celeridad, sino que también incrementa la angustia y la incertidumbre de los afectados.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que esta práctica es inconsistente con las directrices del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual establece que el registro debe ser inmediato y sin condiciones previas. La falta de uniformidad en los criterios entre las diferentes fiscalías estatales agrava el problema, creando un mosaico de obstáculos que dificulta la coordinación nacional en materia de búsqueda.
Impacto en los protocolos de búsqueda
La condicionalidad impuesta por las fiscalías tiene un impacto directo en la efectividad de los protocolos de búsqueda. Al requerir una carpeta de investigación, se desvía el enfoque de la búsqueda inmediata hacia procesos administrativos, lo que puede comprometer la integridad de las evidencias y la oportunidad de rescate. Además, esta práctica puede desincentivar a las familias a reportar desapariciones, por temor a enfrentar trámites engorrosos o por desconfianza en las autoridades.
Entre las consecuencias más graves se encuentran:
- Pérdida de tiempo crítico en las primeras horas de la desaparición.
- Violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
- Falta de coordinación entre las fiscalías y otras instancias de búsqueda.
- Incremento en la cifra negra de desapariciones no reportadas.
Llamado a la estandarización de procedimientos
Ante esta situación, organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han hecho un llamado urgente a las autoridades para que estandaricen los procedimientos de registro de búsqueda, eliminando cualquier condicionante que retrase la atención. Se requiere una revisión profunda de los protocolos internos de las fiscalías, así como una capacitación constante del personal para garantizar que se priorice la búsqueda inmediata sobre los trámites administrativos.
La implementación de sistemas digitales que permitan un registro ágil y sin condiciones, junto con una mayor transparencia en los procesos, son pasos necesarios para mejorar la respuesta ante las desapariciones. La coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil es fundamental para asegurar que ninguna persona desaparecida quede sin registro por barreras burocráticas.
En resumen, la práctica de condicionar el registro de búsqueda a carpetas de investigación en las fiscalías estatales no solo retrasa la atención a las desapariciones, sino que también viola principios básicos de derechos humanos y eficiencia en la búsqueda. Es imperativo que las autoridades corrijan estos procedimientos para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante uno de los problemas más graves que enfrenta México en materia de seguridad y justicia.
