Víctimas de represión policial en Xochimilco exigen justicia y cierre de investigaciones
Las víctimas de la represión policial ocurrida en la alcaldía Xochimilco el 5 de septiembre de 2024 han exigido formalmente el cierre de las carpetas de investigación abiertas en su contra y han acusado al gobierno de Clara Brugada de proteger a exfuncionarios involucrados en los hechos. Los afectados, pertenecientes a la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, recibieron la recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), que documenta violaciones graves a sus garantías individuales.
Detalles de la represión y acusaciones contra el gobierno
Durante la presentación de la recomendación en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, las víctimas detallaron que la represión ocurrió en dos momentos distintos: primero en las inmediaciones de la alcaldía Xochimilco y posteriormente en la Coordinación Territorial Tlalpan. La CDHCDMX identificó a 29 víctimas cuyos derechos a la protesta, seguridad personal y seguridad jurídica fueron violentados, registrando lesiones físicas y psicológicas en 27 personas.
Hortensia Telésforo Jiménez, una de las afectadas, recordó que los conflictos comenzaron en diciembre de 2022 cuando habitantes de San Gregorio protestaron contra un proyecto hídrico impuesto por el gobierno capitalino. "Este acercamiento con las autoridades siempre ha estado lleno de violencia, de engaño, de represión", afirmó Telésforo, quien destacó que pese a acuerdos firmados con el gobierno de Martí Batres, se abrieron investigaciones en su contra por el delito de despojo.
Los hechos del 5 de septiembre de 2024
El día de la represión, los manifestantes se congregaron en la explanada de la alcaldía para protestar por la criminalización que enfrentaban. Según testimonios, un grupo de choque llegó al lugar para golpear a los presentes, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) observaban sin intervenir. Posteriormente, ya disuelta la manifestación, la SSC detuvo a cinco personas y las condujo violentamente a la Coordinación Territorial Tlalpan.
Cuando pobladores de San Gregorio llegaron a exigir la liberación de sus compañeros, las autoridades respondieron con más violencia, utilizando incluso extintores contra los manifestantes. Anselma Margarito Francisco, representante de la comunidad otomí originaria de Santiago Mexquititlán, declaró: "Un grupo de choques y decenas de granaderos nos reprimieron, golpearon, persiguieron, discriminaron, acosaron, se burlaron de nuestra lengua, vestimenta y cultura".
Impunidad y protección gubernamental
Alejandro Velázquez Zúñiga, representante del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Anáhuac, denunció que "servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre siguen en total impunidad y son cobijados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México". Entre los señalados se encuentran:
- José Carlos Acosta, exalcalde de Xochimilco, ahora director general de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas.
- Francisco Pastrana, exdirector jurídico y de gobierno de Xochimilco, actual subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo y asesor del alcalde de Milpa Alta.
Velázquez Zúñiga advirtió que desde sus nuevos cargos, estos exfuncionarios "están operando para hacer lo mismo que pasó y que sigue pasando en los pueblos de Xochimilco".
Recomendaciones de la CDHCDMX
La presidenta del organismo, Dolores González Saravia, presentó 13 recomendaciones específicas dirigidas a la alcaldía Xochimilco, la SSC-CDMX y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), con plazos de cumplimiento que van de 30 a 180 días. Entre las medidas más importantes se encuentran:
- Realización de un acto de disculpa pública y compromiso de no repetición por parte de la alcaldía y la SSC-CDMX.
- Informar sobre procesos de responsabilidad administrativa en el Órgano Interno de Control de la SSC-CDMX.
- Integrar la recomendación a la carpeta de investigación contra cinco activistas detenidas y determinar su situación jurídica.
- Instalar una mesa de trabajo con la Asamblea General Permanente para regular el uso de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.
- Registrar a 28 víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX.
- Presentar planes de reparación integral con atención médica y psicológica para 27 víctimas.
Como medidas de no repetición, se urgió a la SSC garantizar la aplicación de un protocolo de actuación en escenarios de protesta social con enfoque diferenciado, creación de indicadores de efectiva aplicación y mejor planeación de operativos.
Contexto más amplio de lucha indígena
Dolores González Saravia, quien colaboró durante décadas en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), reconoció que "las luchas indígenas enfrentan con su resistencia a un sistema que destruye la naturaleza y destruye los vínculos comunitarios". La ombudsperson capitalina sostuvo que el objetivo de esta recomendación, la primera de su mandato, es que "haya un deslinde de responsabilidades, que la justicia tenga reparación, pero también es un mensaje que quiere alcanzar otros pueblos y también a las autoridades del gobierno de la Ciudad".
Las víctimas y sus representantes insisten en que lo ocurrido en Xochimilco es solo un episodio más de la represión que enfrentan los pueblos y barrios originarios en todo el país cuando defienden su territorio y derechos. La lucha continúa mientras esperan que las autoridades cumplan con las recomendaciones y se haga justicia por los hechos del 5 de septiembre de 2024.
