Diputados frenan iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum en sesión plenaria
El pasado miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados no aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta propuesta representaba una versión considerablemente más moderada que el llamado Plan C propuesto por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y difería sustancialmente del proyecto original presentado por Pablo Gómez en su calidad de presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Una propuesta con escasas probabilidades de éxito
La iniciativa, independientemente de su narrativa oficial, tenía pocas posibilidades de obtener el respaldo de los partidos minoritarios, tanto aliados como opositores, ya que afectaba directamente las condiciones de competencia electoral y la supervivencia política de estas fuerzas. En un sistema democrático de partidos, incluso cuando existe uno hegemónico como Morena, resulta extremadamente difícil aprobar una modificación constitucional que requiere mayoría calificada sin el acuerdo de al menos dos o tres fuerzas políticas.
El proyecto original, según la presentación en diapositivas realizada por Pablo Gómez (sin que se conociera un documento formal con forma jurídica), contemplaba la desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y una reconfiguración completa del Instituto Nacional Electoral (INE). Con este contenido, se asemejaba notablemente a la reforma que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024 durante la campaña electoral.
La rigidez constitucional en acción
La Constitución mexicana de 1917 es formalmente rígida, lo que significa que su modificación requiere dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras, además de la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales. Este modelo de renovación constitucional, conocido teóricamente como poder constituyente permanente, busca preservar las decisiones políticas fundamentales del constituyente original y exige consensos amplios para cualquier cambio.
Sin embargo, esta rigidez constitucional resulta paradójica ante un dato evidente: la reforma electoral rechazada hubiera sido el decreto modificatorio número 280 de la Constitución desde su promulgación en 1917. La facilidad para reformar la Carta Magna cuando existe consenso político contrasta marcadamente con las dificultades que surgen cuando las fuerzas transformadoras del neo oficialismo se dividen.
¿Por qué los aliados de Morena no apoyaron la reforma?
La respuesta es de una simpleza política que raya en lo evidente: la aprobación de esta iniciativa hubiera significado eliminar a los partidos aliados de la toma de decisiones dentro de la llamada Cuarta Transformación. En el lenguaje político del siglo XX, estos partidos hubieran dejado de ser fuerzas revolucionarias relevantes, siguiendo el destino del PARM y el PPS hace siete décadas, que respaldaron la candidatura única de José López Portillo en 1976 pero fueron marginados durante su gobierno.
Bajo esta perspectiva, los aliados de Morena -particularmente el PT y el PVEM- con gran rapidez se alinearon nuevamente al proyecto de transformación y renovaron su lealtad a la presidenta Sheinbaum con miras a las elecciones de 2027. La sobrerrepresentación actual del oficialismo puede reproducirse con las reglas electorales vigentes, pero requiere mantener aliados políticos. La reforma rechazada, en cambio, garantizaba resultados similares sin necesidad de alianzas.
El papel de los consensos en democracia
La mayoría calificada para una reforma constitucional opera de manera distinta en sistemas autoritarios y democráticos. Mientras en el primero se diseña e impulsa desde el Poder Ejecutivo, en la segunda recae principalmente en los partidos políticos, pero en ambos casos es fundamental lograr consensos amplios. Pablo Gómez olvidó este principio fundamental y no cumplió con la tarea que le fue encomendada: construir los acuerdos necesarios para viabilizar la reforma.
La rigidez constitucional, aunque criticable por algunos sectores, opera como mecanismo de contención en situaciones extremas, justificando así su existencia y evitando regresiones a sistemas donde un individuo gobierna sin competencia real en procesos controlados desde el poder ejecutivo.
