Plan B de reforma electoral elimina la paridad en ayuntamientos
La propuesta de reforma constitucional, conocida como plan B, que busca limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los ayuntamientos, ha generado controversia al omitir la obligación de garantizar la equidad de género en la integración de estos cuerpos colegiados de decisión municipal. Actualmente, el artículo 115 de la Constitución establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.
Omisión en la iniciativa presidencial
Sin embargo, la iniciativa presidencial propone una modificación para que el texto solo establezca que el ayuntamiento esté integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías, eliminando así cualquier mención a la paridad de género. Esta omisión ha sido señalada por grupos feministas en redes sociales, quienes alertaron sobre el retroceso en los derechos de las mujeres en la política local.
Además, la reforma incluye otras disposiciones significativas, como un tope presupuestal para los congresos estatales, donde ninguna legislatura podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de su entidad. Esto afecta a estados como Baja California, Morelos y Michoacán, que actualmente exceden este parámetro. Por ejemplo, el Congreso de Baja California tiene un presupuesto de 871.6 millones de pesos para 2026, lo que representa el 0.98% del presupuesto estatal total de 88 mil 799 millones de pesos.
Reacción en el Senado y promesas de corrección
Ante la alerta sobre esta omisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, informó anoche que las comisiones de la Cámara Alta harán los ajustes de técnica legislativa necesarios para subsanar el error. Mier afirmó que se trabajará en corregir la redacción para asegurar que la paridad de género se mantenga en la integración de los ayuntamientos, respondiendo así a las críticas de los grupos defensores de los derechos de las mujeres.
La iniciativa, que se prevé sea aprobada la próxima semana en el Senado, también establece un régimen transitorio. Según este, los ayuntamientos que actualmente cuenten con más de 15 regidurías deberán disminuirlas a partir del próximo año, mientras que aquellos con un número menor a quince conservarán su integración actual. Cualquier modificación futura solo podrá realizarse en atención a criterios de población, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de las legislaturas locales.
Esta reforma ha puesto en el centro del debate temas como la representación política de las mujeres, la eficiencia en el gasto público y la autonomía municipal, generando reacciones tanto a favor como en contra en el ámbito político y social.
