Resolución judicial reconoce violencia política de género en Sinaloa
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) ha emitido una resolución definitiva que acredita la existencia de violencia política de género cometida en agravio de la diputada local con licencia Almendra Negrete Sánchez. Este fallo judicial marca un punto culminante en un proceso legal que ha generado intenso debate en la entidad, particularmente entre colectivos feministas y de la comunidad LGBTQ+.
Un camino judicial con reviraderos
El caso no tuvo un desenlace inmediato. Inicialmente, el TEESIN determinó que no existían elementos suficientes para acreditar los señalamientos formulados por la legisladora. Ante esta primera resolución, Negrete Sánchez impugnó la decisión ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La instancia federal revocó el criterio del tribunal local y ordenó emitir una nueva resolución en la que se valoraran nuevamente las pruebas presentadas por la denunciante. Este mandato judicial federal fue determinante para que el TEESIN reexaminara el caso y finalmente emitiera el fallo a favor de la diputada.
Las pruebas que generan controversia
El acuerdo judicial acredita la violencia política en contra de la actual secretaria de Diversidad de Morena, quien en su denuncia aportó como pruebas capturas de pantalla de conversaciones privadas de la activista Emma Zermeño. Estas conversaciones, sostenidas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, involucraban a Zermeño con una persona identificada como Jonathan Alexis Ramírez Quevedo.
La utilización de estas capturas de pantalla sin autorización expresa ha sido el centro de las críticas. Diferentes voces tanto de feministas como de personas de la comunidad LGBTQ+ han señalado que la denuncia vulnera la privacidad y la libertad de expresión al tomar estas imágenes sin el permiso de Zermeño, quien además ocupa un cargo al interior de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.
Reacciones y debate en la entidad
El caso ha generado un intenso debate en Sinaloa, donde activistas han manifestado su preocupación por las implicaciones que este tipo de procedimientos pueden tener para la privacidad y el ejercicio de la libertad de expresión. Las críticas se centran en la metodología empleada para recabar las pruebas, considerada por algunos sectores como invasiva y potencialmente peligrosa para establecer precedentes en futuros casos.
Más allá del fallo judicial específico, este caso ha abierto una discusión más amplia sobre los límites de la recolección de pruebas en casos de violencia política de género y la protección de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. La resolución del TEESIN, aunque favorable para Negrete Sánchez, deja abiertas importantes preguntas sobre el equilibrio entre la persecución de la violencia política y la protección de la privacidad individual.
