Iniciativa busca responsabilizar al Estado por daños en infraestructura vial
El diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de MORENA, ha presentado una propuesta histórica que busca modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligación del Estado de indemnizar a los ciudadanos por los daños ocasionados por baches, socavones y deficiencias en la infraestructura vial.
Un problema que afecta a millones de mexicanos
Corona Arvizu señaló que millones de personas salen diariamente de sus hogares con el simple objetivo de llegar seguros a sus destinos, pero enfrentan riesgos que se han normalizado injustamente en las calles del país. "El mantenimiento de la infraestructura vial ocupa un lugar fundamental", afirmó el legislador, "porque impacta todos los aspectos de la vida cotidiana", desde el acceso al trabajo hasta la educación, el comercio, la seguridad y la economía familiar.
La iniciativa propone reformar el artículo 109 constitucional para garantizar la reparación patrimonial de los ciudadanos, quienes actualmente asumen los costos de la irresponsabilidad gubernamental en materia de mantenimiento vial.
Estadísticas alarmantes sobre percepción ciudadana
El diputado mexiquense destacó que, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los baches representan el problema urbano que más preocupa a la población mexicana:
- Más del 80% de los ciudadanos los señalan como la principal deficiencia en sus ciudades
- El problema afecta transversalmente a todos los sectores sociales
- Impacta directamente el patrimonio económico de las familias
"Este problema no distingue condición social ni actividad económica", explicó Corona Arvizu. "Lo sufre el trabajador que usa su automóvil, el padre que transporta a sus hijos a la escuela, el conductor que depende de su vehículo para generar ingresos, y el pequeño comerciante que distribuye sus productos".
La normalización del daño ciudadano
El legislador federal denunció que se ha vuelto común escuchar historias de personas que deben pagar de su propio bolsillo reparaciones causadas por el mal estado de las vialidades:
- Llantas destruidas por baches profundos
- Rines doblados por hundimientos repentinos
- Suspensiones dañadas por pavimento irregular
- Accidentes en motocicletas con graves consecuencias
- Torceduras de tobillos y caídas de peatones
Estos gastos, según el diputado, pueden representar una afectación considerable al ingreso mensual de una familia, y son asumidos como si fueran inevitables, cuando en realidad derivan de omisiones en el mantenimiento de infraestructura pública.
Barreras en los procesos de reclamación
Corona Arvizu destacó que, cuando un ciudadano sufre daños en su vehículo por el mal estado de una vialidad, rara vez inicia un procedimiento de reclamación. "No porque no tenga derecho", aclaró, "sino porque muchas veces desconoce los mecanismos o considera que el proceso será más costoso en tiempo y esfuerzo que la propia reparación".
Esta situación genera lo que el diputado llama "una inequidad silenciosa": el costo de la deficiente infraestructura pública termina trasladándose completamente a los ciudadanos, mientras que la responsabilidad institucional permanece difusa y sin consecuencias.
Compromiso con la seguridad vial y la modernización administrativa
El legislador recordó que las estadísticas de accidentes de tránsito del INEGI reconocen que las condiciones del camino pueden constituir factores concurrentes en hechos viales, lo que refuerza la necesidad de entender el mantenimiento vial como una política preventiva y no sólo correctiva.
"La presente iniciativa parte precisamente de ese principio", afirmó Corona Arvizu. "No se trata de generar conflictos entre ciudadanos y autoridades, sino de fortalecer una relación basada en responsabilidad, confianza y justicia".
Finalmente, el diputado subrayó que esta reforma constitucional no debe entenderse como un mecanismo sancionador, sino como un instrumento de modernización administrativa que fortalece la cultura de responsabilidad pública, promoviendo principios fundamentales de legalidad, honradez y rendición de cuentas en la administración de los servicios públicos.
