Empresa pedrera Matrimar enfrenta acusaciones ambientales y responde con contundencia
En medio de una creciente controversia ambiental y política, la empresa pedrera Matrimar ha salido públicamente al frente para defenderse de las acusaciones formuladas por la diputada federal de Morena, Petra Romero, y diversos colectivos ambientalistas. La legisladora, acompañada de activistas, había exigido el cierre inmediato de las operaciones de la compañía en la Sierra de Picachos, argumentando graves afectaciones ecológicas.
Las acusaciones de los ambientalistas
De acuerdo con los grupos defensores del medio ambiente, Matrimar habría invadido el área natural protegida de la Sierra de Picachos, generando daños ambientales significativos. Entre las principales afectaciones señaladas se encuentran:
- Sobreexplotación de la superficie más allá de los límites autorizados en su manifestación de impacto ambiental.
- Afectaciones directas a la fauna local, con posibles consecuencias irreversibles para especies endémicas.
- Contaminación del suelo y agua debido a las actividades extractivas de la pedrera.
Los activistas han calificado esta situación como un "ecocidio" en la zona y han solicitado formalmente la intervención de autoridades federales y estatales para lograr la clausura definitiva de las operaciones de Matrimar.
La defensa de Matrimar
En un comunicado oficial, la empresa pedrera respondió con firmeza a todas las acusaciones, asegurando que opera estrictamente dentro del marco legal y fuera del polígono del área natural protegida. La compañía sostuvo que esta situación ha sido validada mediante inspecciones oficiales y resoluciones judiciales que respaldan sus actividades.
Matrimar fue más allá en sus declaraciones, afirmando que las acusaciones forman parte de una "campaña de presión derivada de conflictos políticos" y denunció haber sido víctima de presuntas exigencias económicas indebidas para permitir su operación continua.
Conflictos políticos y riesgo laboral
La empresa señaló específicamente en su comunicado: "Resulta lamentable que un reducido número de personas se presenten como defensores de la legalidad cuando —en los hechos— piden pasar por encima de ella al solicitar el cierre de Matrimar cuando no existe razón legítima para ello". Además, agregó con determinación: "No cederemos ante presiones políticas ni ante campañas de desinformación".
Matrimar advirtió sobre el riesgo que esta controversia representa para cientos de empleos directos e indirectos que dependen de sus operaciones en Nuevo León. La compañía también vinculó las acciones en su contra con una serie de auditorías y señalamientos posteriores a una denuncia penal por presunta extorsión que había presentado previamente.
Antecedentes del conflicto
Como contexto relevante, el mes pasado el gobierno de Samuel García en Nuevo León emprendió varias acciones contra la empresa minera. En ese momento, se reveló un intento de extorsión que involucraría al gobierno estatal, específicamente a través del dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad, quien habría solicitado un soborno millonario para evitar la clausura de Matrimar.
La empresa reiteró que no cederá ante presiones de ningún tipo y defendió con documentos oficiales la legalidad de todas sus actividades extractivas. Mientras tanto, el conflicto entre autoridades estatales y federales, legisladores, grupos ambientalistas y la empresa pedrera continúa escalando en Nuevo León, sin que se vislumbre una solución inmediata a la controversia.
