Juez federal estadounidense rechaza política migratoria de deportaciones aceleradas de Trump
Un juez federal en Boston ha declarado ilegal la controvertida política migratoria de deportaciones rápidas impulsada durante el segundo mandato del expresidente Donald Trump. El magistrado Brian Murphy, designado por el presidente Joe Biden, dictaminó que esta medida del Departamento de Seguridad Nacional debe ser derogada por violar derechos fundamentales de los migrantes.
Fallo judicial con suspensión temporal
El juez Murphy, aunque emitió un fallo definitivo contra la política, suspendió su entrada en vigor durante quince días calendario. Esta decisión busca otorgar al gobierno federal tiempo suficiente para presentar un recurso de apelación, considerando la "importancia y la historia inusual" del caso migratorio.
El magistrado recordó en su resolución que la Corte Suprema de Estados Unidos ya había intervenido en dos ocasiones previas sobre este mismo tema, primero levantando una orden preliminar que protegía derechos procesales de migrantes y posteriormente permitiendo la deportación de ocho hombres hacia Sudán del Sur.
Detalles de la política cuestionada
La medida migratoria, documentada en un memorándum de marzo y una guía de julio, autorizaba específicamente:
- Deportación de migrantes con órdenes definitivas de expulsión hacia países distintos a los señalados originalmente en sus procesos judiciales
- Mecanismo basado en garantías diplomáticas sobre protección contra persecución o tortura
- En algunos casos, avisos de apenas seis horas antes del traslado forzoso
Los abogados del Departamento de Justicia defendieron la política argumentando que cumplía con la legislación migratoria vigente y con estándares mínimos de debido proceso legal. Según su postura oficial, identificar países alternativos resultaba esencial para deportar a migrantes cuyas naciones de origen se negaban sistemáticamente a recibirlos, especialmente en casos con antecedentes criminales.
Impacto humanitario y contexto legal
La demanda colectiva que originó este fallo histórico fue presentada en representación de personas que enfrentaban deportaciones hacia países no contemplados inicialmente en sus órdenes de expulsión, incluyendo:
- Libia
- Sudán del Sur
- El Salvador
Mientras estuvo vigente, esta política generó profunda preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos, que denunciaron repetidamente el riesgo de enviar migrantes a contextos de violencia extrema y persecución política sin un análisis adecuado de sus circunstancias individuales.
Obstáculos logísticos y financieros
La implementación de las deportaciones rápidas enfrentaba enormes desafíos prácticos:
- Costo estimado de 241 millones de dólares diarios por despliegue de agentes, transporte y operación de centros de detención
- Sistema judicial migratorio saturado con más de 4 millones de casos pendientes
- Negativa de catorce países a recibir deportados desde territorio estadounidense
Datos oficiales revelan que entre enero y febrero de 2025, la administración Trump deportó en promedio 421 mexicanos diariamente, cifra inferior a los 565 deportaciones diarias registradas durante el último año completo del gobierno de Joe Biden.
Próximos pasos legales
El fallo del juez Murphy abre un nuevo capítulo en esta prolongada disputa legal migratoria, que probablemente será resuelta en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos. La suspensión temporal mantiene abierta la posibilidad de que el gobierno federal presente un recurso de apelación y continúe defendiendo esta política como parte integral de su estrategia de control fronterizo.
Organizaciones de derechos humanos han calificado esta política como una forma de criminalización sistemática de la migración, señalando que las deportaciones rápidas reducen significativamente las garantías legales básicas de los migrantes y aumentan exponencialmente el riesgo de violaciones graves a derechos humanos fundamentales.
