Comisión de Hacienda Aprueba Dictamen Histórico para Comunidad Wixárika
En un hecho significativo para los derechos de los pueblos originarios, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado ha dado un paso crucial al aprobar el dictamen de decreto que garantiza el derecho de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, ubicada en el municipio de Mezquitic, a la administración directa de sus recursos económicos. Esta decisión representa un avance concreto en el reconocimiento de la autonomía indígena y establece un precedente importante para futuras gestiones.
Cumplimiento de Resolución Judicial y Autonomía Presupuestal
La resolución adoptada por la comisión da cumplimiento formal a la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con este dictamen, se asegura que la comunidad wixárika tenga el control total de su presupuesto, permitiéndoles decidir con plena autonomía las inversiones necesarias para su bienestar y desarrollo social. Este acto no solo responde a una obligación legal, sino que se enmarca en el principio de progresividad de los derechos humanos.
Declaraciones de la Presidenta Gabriela Cárdenas
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, enfatizó que esta medida trasciende lo meramente administrativo. "Este año se hizo un nuevo cálculo del gasto, no quedaron conformes, promovieron un juicio y estamos haciendo un cálculo actualizado", explicó la legisladora. Además, planteó la necesidad de reformas más profundas: "¿Qué tendría que suceder desde mi punto de vista? Tendríamos que hacer esta reforma, actualizar la reforma constitucional, para que los pueblos originarios por ley -como les corresponde- puedan tener su presupuesto y no tengan que estar promoviendo juicios para recibir un presupuesto".
Reconocimiento de Derechos y Próximos Pasos
Cárdenas precisó que se reconoce el derecho de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán a recibir de manera justa los recursos públicos que les corresponden por parte del Ayuntamiento de Mezquitic. Aclaró que, si bien este dictamen atiende un caso concreto derivado de una resolución jurisdiccional firme, sienta un precedente vital sobre cómo las instituciones deben acatar y promover los derechos establecidos en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este acto, añadió, representa un paso en el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.
El tema aún debe ser discutido y aprobado en sesión del pleno del Congreso, donde se espera una votación que ratifique esta importante medida. La comunidad wixárika, así como otros grupos indígenas, podrían ver en este proceso un modelo a seguir para la defensa de sus derechos económicos y sociales.
