Diputados de oposición exigen acciones legales contra complicidad en despojos de inmuebles en la Ciudad de México
Legisladores locales de la oposición han exigido al gobierno capitalino que proceda legalmente contra los funcionarios que facilitan el despojo de inmuebles, tras un caso documentado en la colonia San Rafael. Esta demanda surge luego de que Exclélsior revelara una orden judicial que obliga al Instituto de Vivienda (Invi) a devolver un edificio invadido durante 22 años.
Identificación de autoridades cómplices para cerrar espacios de impunidad
Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que es urgente identificar a las autoridades de alcaldías, gobierno central y Poder Judicial que permiten o facilitan estos delitos, con el fin de cerrar espacios de impunidad. En sus declaraciones, Torres enfatizó:
"Lo primero que tiene que hacer el gobierno capitalino es establecer dónde están las autoridades que están permitiendo o facilitando este tipo de delitos para cerrarles la puerta y reconocer que está a todos los niveles: desde las alcaldías, el gobierno central, en el Poder Judicial".
Iniciativa de reforma para impedir expropiaciones irregulares
En respuesta a este caso, Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada del PAN, anunció una iniciativa de reforma destinada a impedir que el gobierno realice expropiaciones a petición de organizaciones civiles u ocupantes ilegales. Esta medida se propone tras documentarse que el Invi intentó expropiar el inmueble en dos ocasiones, en 2014 y 2022, sin éxito.
El edificio en cuestión, ubicado en Antonio Caso 104 y 108, permaneció invadido durante más de dos décadas, lo que ha generado críticas sobre la ineficacia de las autoridades para proteger los derechos de propiedad. Los diputados argumentan que la falta de acción legal contra los funcionarios involucrados perpetúa un ciclo de impunidad que afecta a numerosos propietarios en la capital.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los procesos administrativos y judiciales relacionados con despojos, así como de una mayor transparencia en la gestión de bienes inmuebles por parte del gobierno. Los legisladores insisten en que, sin medidas concretas, estos delitos continuarán socavando la seguridad jurídica en la Ciudad de México.
