Promesa incumplida de Sheinbaum: Familias sin hogar tras ataque armado hace seis años
Seis años después de un violento ataque armado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, las familias que habitaban el predio de Licenciado Verdad 7 continúan en el limbo, esperando que se cumpla la promesa de vivienda hecha por la entonces jefa de Gobierno y actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
El día que cambió todo: 7 de diciembre de 2019
Perla, una mujer de 48 años que nació y creció en ese edificio ubicado a media cuadra de Palacio Nacional, recuerda con precisión el momento que transformó su vida para siempre. Mientras en el Zócalo se desarrollaba el Festival Radical Mestizo, promovido por la Secretaría de Cultura local, un hombre identificado como Noel García, un militar retirado, ingresó al predio buscando un baño.
"Este señor entró buscando un baño, tal vez como vio oscuro al final él se metió y orinó", explica Perla. "La señora de los dulces le dice a mi hermano, que estaba aquí afuera con sus amigos jugando, que el señor se está orinando. Entonces mi hermano entra y le dice: 'Señor, no puede orinar'. Nada más terminó de hacerlo, saca su pistola y le dispara".
El saldo fue trágico: cinco vecinos asesinados, entre ellos un joven de 17 años, dos mujeres con hijos menores y una adulta mayor. Perla recibió tres impactos de bala que la llevaron a un coma inducido y requirieron siete cirugías, con una octava pendiente. Su hermano Francisco también resultó herido.
La promesa que nunca se materializó
Días después del ataque, Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalina, abordó públicamente el caso y prometió que, como forma de resarcir el daño, se les entregaría vivienda a las familias afectadas. Meses más tarde, las 44 familias que habitaban el edificio fueron desalojadas con la promesa de que el Instituto de Vivienda (Invi) reconstruiría los departamentos.
Sin embargo, seis años después, esa promesa sigue sin cumplirse. Lo que recibieron las familias fue un apoyo para renta que inició en 4 mil pesos mensuales, con pequeños aumentos anuales, cantidad insuficiente para pagar una vivienda en el Centro Histórico.
Nuevo obstáculo: hallazgos arqueológicos sin pruebas
Posteriormente, los vecinos fueron notificados de que en el predio se habían encontrado ruinas arqueológicas, lo que complicaba aún más la reconstrucción. Hasta el momento, según afirman los afectados, no han tenido acceso a evidencia visual o confirmación oficial de estos hallazgos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Érika Maya, quien vivió 25 años en el predio, afirma categóricamente: "Aquí no nos han demostrado nada, ni yo ni los vecinos hemos visto nada de que haya vestigios arqueológicos".
Vidas en suspenso
Para Perla, las consecuencias del ataque han sido devastadoras. Además de las múltiples cirugías y secuelas físicas que le impiden trabajar o cargar más de 5 kilos, padece fibromialgia, ansiedad y trastornos del sueño. Su hija, de entonces 15 años, tuvo que abandonar sus estudios para mantener a su madre y a su abuela de más de 80 años, a quien recientemente le detectaron cáncer.
"Tengo ansiedad, tengo noches terribles", confiesa Perla. "Un día tú me puedes ver radiante y al otro día me puedes ver que no quiero ni salir de mi cuarto".
Desplazamiento y dificultades económicas
Antonio Sánchez, uno de los residentes que habitaba el predio desde hace más de 40 años junto con nueve personas más de origen indígena, explica cómo el desalojo los obligó a trasladarse a Santa Marta, con viajes de hasta dos horas y media para llegar a sus trabajos en el Centro Histórico.
"Nos avisaron que teníamos que desocupar, nos prometieron que íbamos a regresar aquí y por ese motivo nos salimos", relata Antonio. "Si no, no nos hubiéramos salido".
Érika Maya, por su parte, debe trasladarse diariamente desde Naucalpan con sus hijos para trabajar y llevarlos a la escuela en el Centro. "Es muy desgastante venir en Metro, en camión, traerlos hasta acá", describe.
Falta de claridad en el proceso legal
Perla intentó buscar justicia a través de la vía legal, pero se encontró con múltiples obstáculos. Contrató a dos abogados diferentes, realizó pagos adelantados y entregó toda la documentación requerida, pero nunca volvió a saber de ellos. Aunque existió una carpeta de investigación de oficio, ninguna víctima o vecino recibió información sobre avances o esclarecimiento del caso.
Durante su hospitalización, elementos de seguridad se acercaron a preguntarle si quería demandar, pero en ese momento no se sentía en condiciones de tomar esa decisión. "Yo ni siquiera sabía a quién iba a demandar", recuerda.
Cambio de administración y trato ríspido
Los vecinos señalan que con el cambio de administración en la Ciudad de México, ahora bajo el gobierno de Clara Brugada, el trato hacia ellos se ha vuelto más ríspido. También critican la falta de atención por parte del Invi, actualmente bajo la titularidad de Inti Muñoz.
Las familias, agrupadas en la Asociación Frente Inquilinaria con casi 50 años de existencia, no se identifican como damnificados del ataque de 2019, sino como personas con derechos adquiridos para regresar a sus hogares donde se les prometió que volverían.
Más de seis años después de la promesa y cinco desde el desalojo, las familias del predio de Licenciado Verdad 7 continúan esperando que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su palabra y les devuelva el hogar que perdieron en circunstancias trágicas.
