Diputada del PAN impulsa reforma urgente a Ley de Reconstrucción tras tragedia en San Antonio Abad
La seguridad de las familias en la Ciudad de México no puede estar sujeta a interpretaciones ambiguas ni a vacíos legales que ponen en riesgo vidas humanas. En respuesta al lamentable accidente ocurrido el pasado 9 de marzo en el inmueble de San Antonio Abad, la diputada Liz Salgado Viramontes, integrante de la fracción de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Reconstrucción de la CDMX.
Deficiencias estructurales en la normativa actual
Salgado Viramontes subrayó que el incidente no es un hecho aislado ni producto del azar, sino la consecuencia directa de un marco normativo deficiente que regula la reconstrucción tras el sismo de 2017. “Hoy tenemos una ley plagada de ambigüedades, vacíos y zonas grises que permiten interpretaciones contradictorias entre las autoridades”, afirmó la legisladora. Bajo el falso argumento de agilizar procesos, se han relajado requisitos indispensables para garantizar la vida y la seguridad de las personas, lo que ha generado un escenario de vulnerabilidad técnica y administrativa.
Tras un análisis minucioso, la panista identificó problemas estructurales críticos:
- Facultades discrecionales: Autoridades con atribuciones excesivamente amplias y sin límites claros.
- Caos administrativo: Falta de coordinación efectiva entre las distintas instancias de gobierno.
- Omisión de supervisión: Ausencia de obligaciones explícitas para vigilar el cumplimiento de las normas.
- Vulnerabilidad técnica: Diseño normativo que deja la seguridad estructural y la protección civil al arbitrio de interpretaciones.
Propuestas concretas para una reforma de fondo
Frente a esta situación, la iniciativa presentada por Salgado Viramontes y el diputado Andrés Atayde propone ajustes de fondo en tres sentidos claros:
- Cerrar los vacíos legales que generan confusión institucional.
- Dejar absolutamente claro que la seguridad está por encima de cualquier facilidad administrativa o criterio de rapidez.
- Establecer responsabilidades claras para todas las autoridades y particulares involucrados en los procesos de reconstrucción.
De manera concreta, la diputada enumeró once propuestas clave para la reforma, entre las que destacan:
- Redefinir las facilidades administrativas para que agilicen trámites, pero nunca sustituyan o relajen requisitos de seguridad.
- Establecer obligaciones claras de coordinación y supervisión entre la Comisión, las alcaldías, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y la autoridad de protección civil.
- Precisar consecuencias jurídicas claras, de modo que otorgar facilidades en contra de la ley constituya responsabilidad administrativa y patrimonial.
- Blindar la jerarquía normativa, dejando expresamente establecido que ningún acuerdo administrativo puede estar por encima de la ley en materia de seguridad estructural.
- Crear un registro público de obras de reconstrucción, accesible a la ciudadanía, para conocer qué se está construyendo, en dónde y en qué condiciones.
Ampliación de cobertura y fortalecimiento de la transparencia
La iniciativa también busca ampliar la cobertura de la ley para incluir inmuebles no habitacionales vinculados al proceso de reconstrucción, un aspecto crucial dado que la normativa actual está diseñada principalmente para viviendas. “No es claro que un edificio como el de San Antonio Abad pudiera acogerse a los beneficios de la ley”, señaló Salgado. Además, se proponen establecer requisitos indispensables para cualquier demolición, como programas de protección civil y pólizas de responsabilidad civil, y definir con claridad las responsabilidades de empresas y directores responsables de obra.
Finalmente, Liz Salgado enfatizó que estas propuestas no crean nuevos trámites ni burocracia innecesaria, sino que cierran espacios de discrecionalidad que hoy ponen en riesgo la vida de las personas. “El propósito de esta iniciativa no es politizar una tragedia, sino corregir el rumbo y garantizar que cada inmueble reconstruido sea un espacio seguro”, concluyó, con el objetivo claro de evitar que hechos como el del 9 de marzo se repitan en el futuro.
