La semana pasada, el editorial de Excélsior planteaba una pregunta indispensable: ¿qué clase de democracia quieren los mexicanos? Hoy, Jorge Camargo formula otra más incómoda pero necesaria: ¿por qué hemos dejado de defender nuestras instituciones? La respuesta fácil consiste en culpar al gobierno en turno, pero la más difícil es aceptar que una democracia no depende únicamente de quienes ejercen el poder, sino también de la actitud de quienes están llamados a vigilarlo. Ninguna institución sobrevive solo por estar escrita en la Constitución; sobrevive porque existe una sociedad convencida de que vale la pena defenderla.
El voto no es el fin de la participación
Durante años, aprendimos que la democracia consistía esencialmente en votar. Sin embargo, el voto nunca ha sido el final de la participación ciudadana; apenas representa su comienzo. Una democracia sana exige ciudadanos que observen, cuestionen, exijan cuentas y reaccionen cuando las reglas que garantizan sus libertades comienzan a debilitarse.
Con el tiempo, esa responsabilidad parece haberse diluido. La discusión pública gira alrededor de personas, partidos y campañas, mientras las instituciones ocupan un lugar cada vez más secundario. Nos apasionan las disputas políticas, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué ocurre cuando desaparecen los contrapesos, se debilitan los mecanismos de vigilancia o se modifican las reglas que equilibran el ejercicio del poder.
Instituciones lejanas pero vitales
Quizás una explicación sea que las instituciones no despiertan emociones. Un tribunal independiente, un organismo autónomo o una autoridad electoral imparcial parecen asuntos lejanos para quien enfrenta problemas cotidianos como la inseguridad, la desaparición de un familiar, la inflación o la falta de oportunidades. Sin embargo, precisamente esas instituciones existen para impedir que el poder actúe sin límites y para proteger los derechos de todos, incluso de quienes nunca pensarán en ellas.
También debemos reconocer que la cultura de la exigencia ciudadana sigue siendo frágil. Con frecuencia entendemos el voto como un cheque en blanco. Elegimos gobernantes, pero rara vez evaluamos con el mismo rigor si cumplieron sus promesas, respetaron la ley o fortalecieron las instituciones que recibieron. La rendición de cuentas pierde fuerza cuando la ciudadanía renuncia a ejercerla, y el populismo crea la simulación de la revocación de mandato.
Actores sociales y su responsabilidad
La responsabilidad tampoco termina en los ciudadanos. Los empresarios, las universidades, los colegios de profesionistas, las organizaciones civiles y los liderazgos sociales forman parte de la estructura que sostiene una democracia. Cuando alguno de esos actores guarda silencio frente al debilitamiento del Estado de derecho, de la certeza jurídica o de los contrapesos institucionales, también contribuye, por acción u omisión, a que esas transformaciones se normalicen.
Y a ello debemos subrayar la embestida de los regímenes populistas y antidemocráticos para desmantelar y obstaculizar el sistema de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, que pueden denunciar internacionalmente las acciones autoritarias.
Defender las instituciones: un compromiso no ideológico
Las instituciones democráticas no pertenecen a un gobierno ni a un partido. Tampoco son patrimonio de jueces, legisladores o funcionarios. Son herramientas creadas para proteger a los ciudadanos frente al abuso del poder, cualquiera que sea el nombre de quien lo ejerza. Por eso, defenderlas no es una postura ideológica, sino un compromiso con las reglas que hacen posible la convivencia democrática.
Tal vez el mayor desafío de nuestro tiempo no sea solo recuperar las instituciones desmanteladas, sino reconstruir la convicción de que estas importan. Porque una sociedad que deja de defenderlas termina dependiendo únicamente de la voluntad de sus gobernantes. Y la historia demuestra que las libertades son mucho más seguras cuando descansan en instituciones sólidas que cuando dependen de la buena voluntad del poder.
