México Evalúa revela que el 99.23% de los delitos en el país quedan impunes o sin denunciar
99.23% de delitos en México impunes o sin denunciar: México Evalúa

La alarmante realidad de la impunidad en México: solo el 0.77% de los delitos se resuelven

El centro de pensamiento México Evalúa ha dado a conocer un estudio devastador que revela que el 99.23% de los delitos que ocurren en el territorio nacional no se denuncian o permanecen impunes debido a fallas críticas en el sistema de justicia penal. Este informe, titulado "Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal, 2024", expone una crisis profunda que afecta a millones de ciudadanos.

Las cifras que evidencian el colapso del sistema

Según el análisis, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2019 a 2024, el 93% de los hechos criminales no se reportan formalmente a las fiscalías, una de las tasas más elevadas a nivel mundial. De los delitos que sí se denuncian, apenas el 10.58% llega a resolverse, lo que significa que únicamente el 0.77% del total de crímenes en México obtiene una sentencia o sanción.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, explicó durante la presentación del estudio que, si se considera exclusivamente los ilícitos denunciados, el índice de impunidad alcanzó un 89.42% en 2024. Este panorama se agrava al observar que, en promedio, solo 25.9% de las llamadas de emergencia a instituciones de seguridad se convierten en denuncias formales, evidenciando una brecha abismal entre la ocurrencia del delito y la respuesta estatal.

Los estados con mayor y menor impunidad en el país

El estudio detalla una marcada disparidad regional en la efectividad de la justicia. Los estados que presentan los niveles más altos de impunidad para delitos denunciados son:

  • Jalisco con un 97.80%
  • Morelos con un 97.61%
  • Guerrero con un 96.59%
  • Estado de México con un 96.03%
  • Ciudad de México con un 96.01%

En contraste, las entidades con menor grado de impunidad incluyen a Michoacán (67.68%), Nayarit (73.07%), Yucatán (74.23%), Puebla (75.81%) y Tlaxcala (85.56%). Un factor común en estos últimos es la mayor implementación de soluciones legales alternativas, como criterios de oportunidad y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que agilizan los procesos judiciales.

Las razones detrás de la cifra oculta de delitos

La investigación, que excluyó a Baja California Sur, Sonora, Tabasco, Chiapas e Hidalgo por datos incompletos o inconsistentes, identifica varias causas por las cuales los ciudadanos evitan denunciar:

  1. Pérdida de tiempo en trámites burocráticos.
  2. Desconfianza en las autoridades judiciales y policiales.
  3. Temor a represalias por parte de los delincuentes.

Esta "cifra oculta" del 93% sitúa a México en una posición preocupante a nivel internacional. Por ejemplo, en Colombia, un país con desafíos similares de crimen y violencia, la tasa de delitos no denunciados es del 77%, 16 puntos porcentuales menor. En Estados Unidos, esta cifra desciende al 52%, lo que subraya la magnitud del problema mexicano.

Recomendaciones para combatir la impunidad

México Evalúa propone una serie de medidas urgentes para revertir esta tendencia:

  • Facilitar el acceso a la denuncia para reducir la cifra oculta y aumentar la confianza ciudadana.
  • Mejorar el trato a las víctimas, evitando la revictimización institucional y garantizando un proceso más humano.
  • Fortalecer la investigación criminal y la capacidad de respuesta de las fiscalías, transformando su gestión hacia resultados concretos.
  • Ampliar el uso de soluciones no punitivas y efectivas, como los MASC, para descongestionar el sistema.
  • Detectar y solventar cuellos de botella en el flujo procesal, optimizando los recursos disponibles.
  • Reforzar la transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas del proceso penal.

En conclusión, el estudio de México Evalúa deja en claro que la impunidad sigue siendo la principal deficiencia del sistema de justicia en México, con consecuencias graves para la seguridad y el estado de derecho. La directora del centro, Mariana Campos, enfatizó la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los delitos no queden sin castigo.