Colectivo de Jalisco acude al Poder Judicial federal por omisión legislativa en transparencia
El colectivo ciudadano "Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información" ha interpuesto un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el Congreso del estado de Jalisco, argumentando una grave omisión legislativa en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Plazo incumplido y afectaciones a derechos fundamentales
Desde el pasado 15 de enero de 2026, la legislatura local tenía la obligación de aprobar las leyes secundarias que desarrollarían el marco normativo de transparencia en la entidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado esta acción legislativa, lo que según el colectivo afecta directamente los derechos de la población jalisciense.
José Rubén Alonso González, integrante de la organización, explicó que el objetivo del amparo es "recordarles a través del Poder Judicial de la Federación que nos ampare en materia de derechos humanos a todos y que tienen que legislar, lo más pronto". La acción legal busca específicamente que desde el ámbito judicial se ordene al Congreso estatal cumplir con su deber de legislar en esta materia fundamental.
Avances legislativos insuficientes y diferencias pendientes
Aunque el pasado 25 de febrero la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Congreso local aprobó un paquete de leyes secundarias en la materia, este aún requiere la aprobación del pleno legislativo para entrar en vigor.
El presidente de dicha comisión, Alejandro Barragán, reconoció que persisten diferencias significativas entre los grupos parlamentarios, particularmente en torno a la estructura de la nueva Agencia de Transparencia que sustituirá al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
Las discrepancias se centran principalmente en:
- Si la agencia será un órgano unipersonal o colegiado
- El mecanismo para designar a su titular
- Las facultades específicas que tendrá esta nueva institución
Consecuencias prácticas de la falta de legislación
La importancia de estas leyes secundarias radica en que actualmente, cuando un ciudadano solicita información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a dependencias estatales, el Congreso local, el Poder Judicial del Estado u organismos autónomos, y esta le es negada, no existe un mecanismo efectivo para interponer quejas o recursos de revisión que obliguen a las autoridades a proporcionar la información solicitada.
Alonso González destacó especialmente la vulnerabilidad en materia de protección de datos personales: "No hay autoridad que garantice la protección de datos personales al hacer algunos trámites de gobierno que impliquen dicha información, por ejemplo, la tarjeta única Jalisco, licencia de conducir, entre otros".
El activista explicó que aunque las nuevas autoridades garantes existen en teoría, "no tienen la herramienta jurídica para ejercer esa facultad que ya les da la Constitución", creando así un vacío legal que deja desprotegidos a los ciudadanos en sus derechos fundamentales a la información y privacidad.
Contexto nacional y expectativas
Este caso se enmarca en un contexto nacional donde la transparencia y el acceso a la información se han consolidado como derechos fundamentales, pero cuya implementación práctica enfrenta desafíos en diversas entidades federativas. El amparo interpuesto en Jalisco podría establecer un precedente importante sobre la responsabilidad de los congresos locales en desarrollar marcos normativos completos que hagan efectivos estos derechos constitucionales.
La resolución del Poder Judicial de la Federación sobre este amparo será observada con atención por organizaciones civiles y especialistas en transparencia a nivel nacional, ya que podría sentar jurisprudencia sobre los mecanismos para exigir a los legisladores el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
