Funcionaria del INFONAVIT vinculada a contratación irregular de empresa de limpieza
Lyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), enfrenta señalamientos por una presunta contratación ilegal en una licitación multianual valorada en 60 millones de pesos. La empresa beneficiada es PROAM Administración S. de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, quien acumula denuncias laborales y embargos del IMSS.
Desviación de contrato y denuncias ante autoridades
Según documentos presentados ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el contrato originalmente había sido adjudicado a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A de C.V. para el periodo de marzo de 2026 a marzo de 2029. Sin embargo, en un cambio de último minuto, se ordenó la reasignación a PROAM, presuntamente por intervención de Martínez Domínguez.
Las denuncias detallan que PROAM enfrenta múltiples procedimientos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el Estado de México por malas condiciones laborales reportadas por sus empleados. Además, Guillermo Solís ha sido auditado y embargado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a incumplimientos contractuales con otra de sus empresas, Soles Mantenimiento.
Historial de quejas y antecedentes de la funcionaria
Martínez Domínguez no es nueva en controversias. Acumula una serie de denuncias y quejas, una de las cuales fue abordada públicamente en una conferencia matutina en Palacio Nacional. El 22 de diciembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se investigaría la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con presuntas irregularidades en la construcción de viviendas en Hidalgo, donde la funcionaria está involucrada.
Archivos oficiales revelan que Martínez Domínguez se desempeñó previamente como subdirectora de Servicios Corporativos en Petróleos Mexicanos (Pemex). Documentos como los oficios DCAS-CAS-EASSSC-863-2024 (por renuncia), DGAS-SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 (por programación de pago de liquidación) y DCAS-SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 (por solicitud de pago por separación) establecen que recibió un pago superior a los dos millones de pesos durante su salida de Pemex.
Implicaciones y contexto institucional
Este caso subraya preocupaciones sobre transparencia y cumplimiento normativo en instituciones públicas como el Infonavit. La presunta desviación de un contrato millonario hacia una empresa con historial problemático plantea interrogantes sobre los procesos de licitación y supervisión interna.
Las autoridades anticorrupción continúan revisando las denuncias, mientras se espera que se profundice la investigación sobre el rol de Martínez Domínguez y las posibles consecuencias legales. La situación refleja desafíos persistentes en la lucha contra prácticas irregulares en la administración pública mexicana.
