La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones a 32 proveedores y contratistas durante el primer trimestre del año, por incumplimientos e irregularidades detectadas en procesos de contratación pública federal. Las multas impuestas superan los 15 millones de pesos, y se registraron 28 inhabilitaciones para evitar que estas empresas o personas participen en nuevos contratos con el Gobierno federal. Las sanciones derivan de faltas relacionadas con las leyes de adquisiciones y de obras públicas, como parte de las acciones para combatir actos de corrupción e impunidad dentro de la administración pública.
Multas e inhabilitaciones
En total, las autoridades impusieron multas por 15 millones 677 mil pesos, además de 28 inhabilitaciones que impiden a los sancionados participar en nuevas contrataciones directas o mediante intermediarios. Las inhabilitaciones van desde tres meses hasta dos años. La dependencia destacó que, en promedio, se sancionaron 2.6 proveedores o contratistas por semana durante el primer trimestre del año.
Principales causas
La principal causa de las sanciones fue la entrega de información falsa durante los procedimientos de contratación, detectada en 24 casos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la dependencia federal con más proveedores sancionados, acumulando 14 casos. Las actividades económicas más involucradas fueron la prestación de servicios (37.5%) y el sector salud (34.37%). También se detectaron irregularidades en adquisiciones o arrendamientos de bienes y en contratos de construcción.
Transparencia y seguimiento
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que todas las empresas y personas sancionadas fueron notificadas formalmente, y sus casos quedaron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Además, fueron integradas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, disponible para consulta pública. La dependencia aseguró que continuará reforzando la vigilancia en las compras y contrataciones públicas para evitar irregularidades y garantizar mayor transparencia en el uso de recursos federales.
