Esta tarde, los diputados Jorge Álvarez Máynez y Gibrán Ramírez Reyes solicitaron formalmente el inicio del proceso de desafuero contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil. El objetivo es que estos funcionarios puedan enfrentar en Estados Unidos los señalamientos en su contra, relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Petición ante la Cámara de Diputados
La solicitud fue dirigida a Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, formalizando una denuncia contra los funcionarios de Sinaloa. En el documento, Álvarez Máynez argumentó que la petición se sustenta en artículos de la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de investigar la posible responsabilidad de los señalados.
Declaraciones de Álvarez Máynez
A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez afirmó que los funcionarios señalados deben responder ante la justicia sin protección constitucional. “Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, expresó. El legislador agregó que, junto con Gibran Ramírez, solicitó formalmente el inicio del procedimiento.
¿Qué implica el desafuero en México?
El desafuero es el proceso mediante el cual se retira la inmunidad constitucional a funcionarios públicos para que puedan ser investigados o procesados penalmente. En este caso, la solicitud busca que, de avanzar, los señalados enfrenten procedimientos judiciales sin protección del cargo, incluyendo posibles procesos internacionales.
Contexto de las acusaciones
La petición ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que, si existen pruebas sólidas dentro de investigaciones oficiales, podría procederse conforme a la ley, lo que incluye la eventual apertura de procesos como el desafuero en caso de ser necesario. La solicitud se da en medio de reportes sobre investigaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, en las que se menciona a funcionarios del estado de Sinaloa. Hasta el momento, estos casos se mantienen en el ámbito de señalamientos e investigaciones, sin que se haya informado públicamente de sentencias judiciales en contra de los funcionarios mencionados.
