El gobierno de Estados Unidos investigará bajo cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico, mientras que ninguno de los 92 capos que el gobierno de México ha entregado a la administración Trump en 14 meses enfrenta ese agravante.
Acusaciones selectivas
Estados Unidos se prepara para acusar por primera vez en la historia de terrorismo a acusados mexicanos, y la acusación será exclusivamente contra funcionarios, pero no contra los narcotraficantes. Fuera de ellos, solo Nicolás Maduro enfrenta ese tipo de acusación.
El Departamento de Justicia estableció esta semana como prioridad de las 93 fiscalías federales formular cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos ligados con el narcotráfico.
Ese tipo de cargos no lo enfrentan hasta ahora exlíderes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40 y el Z42), fundadores de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes.
En cambio, los enfrentan desde ahora Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, aunque se haya entregado, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Pero ahora el Departamento de Justicia exige que los cargos sean contra cualquier funcionario acusado de vínculos con el narco.
Consecuencias legales
El sistema de justicia de Estados Unidos no establece una pena específica para los cargos por terrorismo, pero son un agravante que magnifica cualquier otra acusación. Por ejemplo, un acusado con un solo cargo de conspiración para tráfico de un solo tipo de droga podría enfrentar una condena mínima impositiva de diez años y posiblemente 20 años de prisión; con el agravante de terrorismo y conspiración, sería común que enfrente sentencia de cadena perpetua y mínimas obligatorias de unos 25 años de prisión.
Uno de los cargos que podrían ser comunes desde ahora para funcionarios acusados son los de apoyo a organizaciones terroristas, como fue designada la mayoría de los cárteles en febrero de 2025. Pueden ser casos de apoyo material o logístico al terrorismo.
Declaraciones oficiales
Antes de que se supiera que los funcionarios son ahora investigados por terrorismo, el fiscal general Todd Blanche declaró esta semana en entrevista que muchos de los 92 capos que México ha entregado han decidido cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Blanche dio esas declaraciones en el marco de su respuesta de que la fiscalía de Nueva York recién había acusado a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios. También dijo que vienen más acusaciones contra funcionarios.
Por separado, el administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró ante el Congreso que las acusaciones contra funcionarios mexicanos "son solo el principio de lo que viene para México". Cole declaró que los funcionarios coludidos con los narcos son tan culpables como los narcotraficantes por las muertes de estadounidenses que consumen drogas.
