Esposa de exgobernador Duarte enfrenta dos órdenes de aprehensión por peculado y robo
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, reveló que existen dos órdenes de aprehensión en contra de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador priista César Duarte, por los delitos de peculado agravado y robo. Esta información se dio a conocer después de que la Fiscalía General de la República (FGR) notificara sobre la detención de Gómez en Estados Unidos y solicitara detalles sobre procesos pendientes a nivel estatal.
Detalles de las investigaciones
Jáuregui explicó que las órdenes corresponden a dos causas penales distintas. Una de las indagatorias se relaciona con el robo de algunos objetos, cuyos detalles específicos no fueron precisados por las autoridades. La otra investigación involucra el delito de peculado agravado, vinculado a operaciones financieras que forman parte de la red de corrupción creada por César Duarte durante su mandato en Chihuahua.
El fiscal confirmó que respondieron afirmativamente a la consulta de la FGR, indicando que "sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí con órdenes de aprehensión". Sin embargo, no aclaró por qué estas órdenes no habían sido ejecutadas previamente por la Fiscalía de Chihuahua.
Procedimientos internacionales en marcha
Ahora será la Fiscalía General de la República quien se encargue de los trámites de arresto y deportación de Bertha Gómez ante las autoridades estadounidenses. Este proceso se suma a la compleja situación legal de la familia Duarte, que ha estado bajo escrutinio por múltiples acusaciones de corrupción.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue detenido el pasado 8 de diciembre. Anteriormente había sido aprehendido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Antecedentes del caso Duarte
En diciembre pasado, la FGR obtuvo un auto de vinculación a proceso contra César Duarte por su posible participación en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La investigación establece su probable participación, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero.
Este esquema buscaba ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano. Como resultado de la decisión judicial, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte debe permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México.
El juzgador concedió seis meses para la investigación complementaria. Además, el 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa.
La situación legal de la familia Duarte continúa desarrollándose, con procesos tanto a nivel federal como estatal que involucran acusaciones graves de corrupción y desvío de recursos públicos durante la administración del exgobernador en Chihuahua.
