Escándalo en Baja California por gasto en escoltas de legislador morenista
Un espectacular de grandes dimensiones colocado en una de las avenidas más transitadas de Mexicali, Baja California, ha generado un intenso debate político al exhibir públicamente los supuestos gastos en escoltas del diputado local morenista Juan Manuel Molina García. La denuncia visual, firmada por el grupo "Cachanillas unidos contra la corrupción", cuestiona abiertamente por qué el legislador cuenta con tres escoltas pagados con recursos públicos desde hace 17 años, con un costo mensual promedio que superaría los 120 mil pesos.
Ubicación estratégica y contenido del mensaje
El anuncio gigante fue instalado estratégicamente sobre la calzada Independencia, específicamente a la altura de la Clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un punto de alta visibilidad en la capital bajacaliforniana. El texto del espectacular, que comenzó a circular desde la mañana del 25 de febrero, interpela directamente al diputado con una pregunta contundente: "¿Por qué el diputado Juan Manuel Molina García tiene 3 escoltas pagados por el pueblo desde hace 17 años? Costo promedio mensual: 120 mil pesos".
Respuesta evasiva del diputado cuestionado
Al ser abordado por medios de comunicación locales, el diputado Molina García optó por una respuesta que muchos calificaron como evasiva y poco transparente. En lugar de confirmar o negar los montos señalados, el legislador comparó la situación con personas que dedican tiempo a actividades como ir a la iglesia, ver fútbol americano o estar con la familia, sugiriendo que quienes lo cuestionan padecen "una situación clínica".
"Está suave la foto, por cierto...", comentó irónicamente el diputado, añadiendo: "Dicen que en el tema del bullying, el que está persiguiendo a otros algo le faltó en su casa, algo necesitaba. Y no hay que tomarlo como una criminalización, sino como alguien que necesita ayuda". Sin embargo, cuando los reporteros insistieron en conocer si efectivamente cuenta con escoltas y el costo de los mismos, Molina García se limitó a señalar que "tiene cosas más importantes qué hacer" y que no procedería legalmente contra los autores del espectacular.
Inconsistencias en los tiempos y montos
Uno de los puntos más controvertidos surgió cuando el diputado intentó matizar la temporalidad señalada en el espectacular. "Yo no te podría dar ese dato porque eso tendría que emitirlo otras entidades", argumentó, añadiendo: "Lo que podría decir es que he sido diputado menos de ese tiempo. Ustedes saquen las cuentas porque me regresé a mi despacho. Tendría que ser 17 años diputado para que eso pudiera siquiera ser posible, pero he sido aproximadamente 11 años". Esta declaración, sin embargo, no aclara si durante esos 11 años ha mantenido escoltas ni los montos involucrados.
Postura de la alcaldesa de Mexicali
La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, fue consultada sobre el tema, ya que los escoltas provienen de corporaciones estatales o municipales como la Dirección de Seguridad Pública local. Bustamante aseguró que la asignación de escoltas "está totalmente justificada", basándose en un documento del gobierno estatal que considera que el diputado enfrenta un riesgo que amerita protección.
"Y ese documento recién nos lo han enviado", explicó la presidenta municipal, quien admitió desconocer las cifras mencionadas en el espectacular: "Yo no sabía esa cifra, apenas la vi anunciada en un letrero, pero yo no creo. Sinceramente no lo creo. No le puedo decir ni sí ni no. Lo calcularemos, lo checaremos. Me acabo de enterar".
Contexto político y reacciones
Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio público sobre el uso de recursos para seguridad de funcionarios en Baja California. Recientemente, abogados de la entidad han exigido el retiro de escoltas a otros dos diputados locales de Morena, mientras que la Fiscalía General del Estado investiga a 218 agentes por posibles irregularidades. El espectacular de Mexicali refleja un malestar ciudadano organizado que utiliza métodos no convencionales para demandar transparencia y rendición de cuentas.
La controversia ha trascendido el ámbito local, generando preguntas sobre los mecanismos de control del gasto en seguridad personal de los legisladores y la efectividad de los canales tradicionales de denuncia. Mientras el diputado Molina García minimiza las acusaciones y la alcaldesa Bustamante promete verificar los datos, el espectacular sigue despertando reacciones entre los ciudadanos que transitan por una de las principales avenidas de Mexicali.



