Impunidad Total en Aduanas: Una Red de Corrupción Saquea Combustible en México
Una investigación periodística de N+ Focus, realizada por Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, ha destapado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México. Durante al menos cinco años, una compleja red criminal, que involucra a funcionarios públicos, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas, traficó millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, aprovechando las aduanas nacionales. Este saqueo masivo ocurrió durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se extendió al primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con una impunidad casi total para los implicados.
Los Protagonistas de la Corrupción
La investigación identifica a figuras clave que operaron bajo un blindaje judicial, incluyendo:
- Rafael Ojeda, ex secretario de la Marina, quien reside en un lujoso condominio en Cancún valorado en 15 millones de pesos.
- Rafael Marín Mollinedo, director en dos ocasiones de la Agencia Nacional de Aduanas durante los gobiernos obradoristas.
- Otros ex titulares como Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en el Estado de México; Ricardo Peralta, representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México; y el general retirado André Foullon.
Estos altos mandos, junto con un general, un vicealmirante, un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas, formaron una red que permitió el contrabando de al menos 31 buques entre 2024 y 2025. La mayoría de ellos están libres o bajo proceso, sin carpetas de investigación abiertas contra los principales responsables, lo que evidencia un encubrimiento insultante y una impunidad total.
El Modus Operandi y la Complicidad Institucional
La red criminal operaba a través de ocho empresas, tres mandos medios militares, marinos y civiles, y los titulares de seis aduanas clave. Documentos judiciales y material de inteligencia muestran que la complicidad de los funcionarios públicos fue esencial para el éxito del esquema. Por ejemplo, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, durante la gestión del general Foullon, ingresaron al menos 20 buques con combustible ilegal declarado falsamente como aceites, generando sobornos que superaron los 24 millones de pesos en un año.
La Agencia Nacional de Aduanas, con sede en la Ciudad de México, controlaba el acceso a puertos y permitió sistemáticamente el ingreso del combustible traficado. Incluso después de cambios administrativos, como el regreso de Marín Mollinedo en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales, continuaron entrando buques vinculados a la red. Solo en el primer mes de Márquez, ingresaron 10 buques criminales.
La Red de Sobornos y Empresas Involucradas
Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios en aduanas de todo el país, incluyendo Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Pantaco, AICM, Guaymas, Tampico y Veracruz. La investigación señala a siete empresas como pilares del negocio ilegal:
- Hevi Transport LLC, en sociedad con Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, con sede en California y Texas, proveían el combustible traficado.
- Intanza S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, se encargaba de la importación.
- Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de José René Tijerina y Roberto Blanco, manejaban la transportación en pipas.
- Enerpol S.A. de C.V., del Grupo Portimex, gestionaba la logística marítima.
- Altamarítima S.A. de C.V., a cargo de Luis Omar Chong, autorizaba el ingreso de los buques.
El Fracaso en la Lucha Contra el Contrabando
El caso del buque Challenge Procyon, detectado en marzo de 2025 en Altamira con 20 millones de litros de diésel ilegal, parecía marcar el inicio de una batalla contra el contrabando fiscal. Sin embargo, las investigaciones se suspendieron desde septiembre, contribuyendo a la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General. Se planeaba detener a una treintena de marinos, pero nunca se concretó, y nombres clave como los sobrinos políticos del almirante Ojeda solo salieron a la luz por presión de Estados Unidos.
Este escándalo subraya una corrupción sistémica en las aduanas mexicanas, donde la impunidad prevalece a pesar de las evidencias. La red criminal, aunque interrumpida temporalmente, deja al descubierto la urgente necesidad de reformas profundas en la supervisión aduanera y la justicia para combatir estos delitos de alto impacto económico.
