Exgobernador de Baja California enfrenta cargos por presunto desvío de funciones
Tras una extensa audiencia que se prolongó por más de 14 horas, Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), fue formalmente imputado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. El proceso legal se centra en la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica destinada al suministro eléctrico del acueducto Río Colorado.
Audiencia maratónica y cambio de sede
La audiencia inicial comenzó a las 09:00 horas del miércoles 18 de marzo en el Centro de Justicia del Río Nuevo, ubicado en el municipio de Mexicali. Sin embargo, debido a problemas con el suministro de energía eléctrica, el procedimiento tuvo que ser suspendido y posteriormente trasladado a las instalaciones del Poder Judicial, donde finalmente concluyó alrededor de la medianoche, según reportes de medios locales de la capital bajacaliforniana.
El Juez de Control estableció que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el lunes 23 de marzo en la Sala 6 del centro judicial mencionado anteriormente.
Elementos de prueba presentados por la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) presentó durante la audiencia 18 tomas de elementos de prueba recabados en contra del exsenador, quien en el proceso legal es identificado como Jaime "N". Entre las evidencias documentadas por medios de comunicación se encuentra:
- El contrato plurianual firmado con Next Energy que, al parecer, no cumplió con ninguna de las fracciones del artículo 13 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
- La presunta utilización por parte del exgobernador de sus atribuciones constitucionales y legales para estructurar y posibilitar una contratación que correspondía a competencia federal.
El Número Único de Caso 0-2022-06977 hace referencia específica a la contratación de Next Energy para construir una planta fotovoltaica que proveería energía al acueducto Río Colorado, infraestructura crucial que suministra agua a Tijuana y otras ciudades de la Zona Costa de la entidad.
Posición de la defensa y reacciones políticas
En su defensa, Jaime "N" declaró previamente a la prensa que en ningún momento se mencionó que el gobierno estatal de su periodo "había informado sobre la construcción de la planta y que la única encargada de ese tema era la empresa Next Energy". Además, aseguró que los diputados de esa época tienen supuesta responsabilidad por votar a favor de ceder partidas federales a la empresa, comenzando con los 123 millones de pesos que posteriormente el banco Afirme retuvo y que finalmente fueron devueltos al Estado.
El exgobernador expresó extrañeza porque ninguno de estos involucrados haya sido citado e insistió en sentirse "agraviado" por parte de la administración actual de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Declaraciones de la gobernadora actual
La mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se refirió al caso durante una declaración a la prensa el jueves 19 de marzo, afirmando que han "venido trabajando en el tema" y "defendiendo el patrimonio de los bajacalifornianos".
"Se extralimitaron en sus funciones: un contrato en el cual, ustedes saben que el tema de energía es un tema completamente federal, no local. Se hizo una licitación por parte de una autoridad estatal para un tema de energía en el cual no se contaba todavía con los permisos correspondientes, en aquel momento", explicó la gobernadora.
Ávila Olmeda enfatizó que "se comprometían recursos y participaciones federales" de la población y detalló: "Y esa fue la situación principal que nosotros combatimos: el que no podíamos arriesgar recursos de las y los bajacalifornianos por un proyecto que, todavía en ese momento, no contaba con los permisos necesarios y que, incluso, no era la autoridad competente para firmar una licitación como la que se llevó a cabo con la planta fotovoltaica que no tenía los permisos federales que correspondían en ese momento".
Contexto federal del caso
Cabe destacar que la Secretaría de Energía del Gobierno de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador negó los permisos para esta obra al considerar que se trataba de una facultad exclusivamente federal, lo que fundamenta la acusación de que Bonilla habría actuado fuera de sus competencias como gobernador estatal.
