Inversión en efectivo de diputada: Un caso que exige transparencia y explicación
En México, la desconfianza hacia los servidores públicos es una realidad arraigada, pero también existe un marco legal diseñado para prevenir abusos. Contamos con figuras como el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el Código Penal, que sanciona a aquellos funcionarios que no pueden acreditar el origen legítimo de su patrimonio. Complementariamente, las declaraciones patrimoniales buscan asegurar la transparencia, no por dudar de todos, sino porque históricamente muchos han aprovechado su posición para beneficio personal.
El caso que activa las alarmas
Recientemente, una diputada reconoció haber sido presuntamente defraudada con una inversión de 13 millones de pesos en efectivo, realizada entre 2020 y 2022. Si bien la posible existencia de un esquema de defraudación es grave en sí mismo, lo que realmente preocupa es la discrepancia entre esta cantidad y sus ingresos declarados. En 2019, como regidora de Zapopan, su ingreso anual total era de aproximadamente 1.33 millones de pesos, y como diputada, su dieta era similar.
La diputada argumenta que el monto no provenía exclusivamente de sus ingresos, sino de préstamos bancarios y familiares. Sin embargo, surgen preguntas incómodas pero necesarias:
- ¿Qué entidad financiera otorga préstamos en efectivo de tal magnitud?
- ¿Qué familiar tenía disponibles esas cantidades en efectivo?
- ¿No le pareció sospechoso que le exigieran realizar la inversión en efectivo?
Estas interrogantes no son malintencionadas, sino prácticas, y subrayan la importancia de los mecanismos de control.
La crucial función de las declaraciones patrimoniales
Las declaraciones patrimoniales son herramientas preventivas clave en la lucha contra la corrupción. A través de ellas, los servidores públicos deben reportar sus ingresos, deudas, bienes y los de sus cónyuges y dependientes económicos. Su objetivo es evitar que el dinero o los activos aparezcan por generación espontánea y sirven para disuadir el enriquecimiento ilícito, además de reforzar la legitimidad pública.
No obstante, su eficacia depende de que alguien las revise. De lo contrario, como muchos documentos en México, terminan archivadas sin mayor utilidad. En años recientes, hemos visto cómo los patrimonios paralelos de funcionarios se han vuelto más comunes. Por ejemplo, en el caso de Yox Holding, una empresa acusada de operar un esquema Ponzi, se encontró entre sus acreedores a un excoordinador de seguridad pública y una exdiputada local, quienes enfrentaron sanciones por omitir estas inversiones en sus declaraciones.
Implicaciones políticas y legales
El caso de la diputada Mónica Magaña podría resolverse como un malentendido si se presentan documentos que tracen la procedencia y fecha de las operaciones. Sin embargo, sin duda alguna, obliga a que el órgano interno de control (OIC) inicie una investigación exhaustiva. El sistema estatal anticorrupción, liderado por la maestra Neyra Godoy, tiene aquí una oportunidad crucial para garantizar transparencia y seriedad en el proceso.
La verificación patrimonial no prejuzga culpabilidad; por el contrario, protege la legitimidad institucional. Si se demuestra la legalidad del patrimonio, puede restaurar la confianza pública. Cuando el patrimonio es claro, no hay problema. Cuando no lo es, el asunto trasciende lo contable para convertirse en un problema político que erosiona la credibilidad de las instituciones.
En un país donde la corrupción ha minado la confianza ciudadana, casos como este refuerzan la necesidad de que las declaraciones patrimoniales sean más que un trámite burocrático. Son una herramienta vital para el Estado de derecho, y su aplicación rigurosa es esencial para construir un México más transparente y justo.
