Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por caso Next Energy tras audiencia maratónica
En un desarrollo judicial que ha capturado la atención nacional, Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y actual dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Esto ocurre tras una audiencia inicial que se extendió por más de 24 horas, centrada en el controvertido caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy.
Audiencia prolongada y declaraciones polémicas
La audiencia, que comenzó a las 09:23 horas del lunes 23 de marzo y concluyó después de las 09:00 horas del día siguiente en el Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California en Mexicali, fue descrita por Bonilla Valdez como "maratónica". Al término de la jornada, el exsenador declaró a la prensa: "No hubo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Además, para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora", en una clara referencia a la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, a cargo de la causa penal 4932/2022, resolvió que Bonilla Valdez enfrentará el juicio en libertad, con una medida cautelar consistente en el pago de una garantía de 100 mil pesos. El proceso judicial consta de 20 volúmenes y ha incluido múltiples aplazamientos, incluyendo uno debido a la fractura del tobillo de uno de sus abogados defensores.
Argumentos de la defensa y contexto del caso
Los abogados defensores, Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentaron argumentos para desestimar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Alegaron que los señalamientos son "incompetentes", ya que los delitos están relacionados con actos de corrupción y deberían haber sido investigados por una fiscalía especializada. Además, sostuvieron que no existen pruebas suficientes para vincular a Bonilla Valdez, argumentando que los pagos de 123 millones de pesos asociados al abuso de autoridad ocurrieron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, cuando ya no era gobernador.
El caso se centra en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica, que según las autoridades, "arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos". Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno estatal, explicó que, de haberse procedido con el contrato, el estado habría estado obligado a pagar más de 6 mil millones de pesos, incluso si la planta no se construía. También destacó que un recurso legal reciente evitó un pago adicional de más de 3 mil 758 millones de pesos a Banca Afirme.
Respuesta de la gobernadora y ampliación del proceso
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda negó cualquier "tinte político" en el proceso, señalando que Bonilla Valdez es una de las diez personas vinculadas en total. En una conferencia matutina en Playas de Rosarito, afirmó: "No hay ningún tinte político, al contrario: hay nueve personas vinculadas, él no es el único. Son diez en total. Estamos hablando de miles de millones de pesos". La mandataria reiteró que el objetivo es proteger los recursos públicos del estado.
El caso también involucra a Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, quien está detenido en Aguascalientes por un proceso similar. El juez estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, lo que sugiere que este asunto judicial podría extenderse en el tiempo, con implicaciones significativas para la política y la justicia en Baja California.
