Jalisco: La impunidad como marca estatal y el desafío del Estado de Derecho
Los tapatíos suelen enorgullecerse al hablar de las características que definen a Jalisco, presumiendo sus logros nacionales. Se jactan de ser el estado más mexicano, cuna del tequila y el mariachi, productor de grandes deportistas y artistas, el gigante agroalimentario que alimenta al país, y el hogar del Valle del Silicio región cuatro, sin olvidar el famoso birote. Con matices y exageraciones, muchas de estas afirmaciones son ciertas, aunque a menudo resultan de esfuerzos personales o sociales más que de acciones gubernamentales.
Indicadores de competitividad y la sombra de la impunidad
Al revisar los indicadores de competitividad del IMCO, Jalisco se ubica en el sexto lugar entre los 32 estados, con desempeños destacados en innovación, donde ocupa el primer puesto nacional. Sin embargo, muestra resultados mediocres en áreas como gobierno (noveno lugar), sistema político (duodécimo) y apertura internacional (decimotercero). La situación es alarmante en el ámbito del Estado de Derecho, donde el estado se hunde en el lugar 27 de 32.
Más grave aún, según datos de la organización no gubernamental México Evalúa, Jalisco es el estado con mayor impunidad en la república, registrando un índice del 97.8%. Esta cifra lo coloca por debajo de entidades como Morelos, Guerrero o el Estado de México, conocidas por sus desafíos en seguridad. No es casualidad que, ante estos datos, Jalisco también lidere de manera absoluta en casos de personas desaparecidas, reflejando una crisis profunda en justicia y seguridad.
Factores estructurales y culturales de la impunidad
La impunidad en Jalisco se nutre de múltiples factores, algunos estructurales y otros culturales. Entre los primeros, destacan un Poder Judicial capturado e ineficiente, junto con una Fiscalía del Estado intencionalmente debilitada, que limitan la capacidad de investigar y sancionar delitos. Culturalmente, existe una altísima tolerancia al delito, donde la sociedad jalisciense convive con facilidad con delincuentes, ya sean de cuello blanco, políticos corruptos o miembros del crimen organizado.
Esta normalización ha llevado a una aceptación pasiva, similar a ranas en un cazo de agua que se calienta lentamente. Se ha generalizado la creencia de que la justicia sigue caminos alternativos a los institucionales, que los jueces tienen dueño o precio, y que denunciar es inútil porque nada se resuelve. Incluso, se percibe al jefe de plaza como quien impone orden, socavando la confianza en las instituciones.
El reto crucial: Reducir la impunidad para preservar el progreso
Reducir la impunidad es el reto más importante que enfrenta Jalisco. Si no se atiende la falta de Estado de Derecho, tanto desde el gobierno como desde la sociedad, los logros que tanto se presumen comenzarán a desvanecerse, como ya ha sucedido en cierta medida. Lograr una Fiscalía autónoma requiere voluntad política del gobernador en turno y un Congreso responsable, mientras que una reforma judicial, que supere a la nacional, es factible pero exige dejar de lado intereses particulares e ideas fijas.
Ambas iniciativas dependen de una sociedad más exigente y menos tolerante al delito. De lo contrario, Jalisco deberá aceptar que la impunidad se ha convertido en su marca distintiva, erosionando su potencial y bienestar a largo plazo.
