Red de cómplices en despojos de cuello blanco en el Valle de México: Congreso exige acción
En el Congreso de la Ciudad de México, legisladores han levantado la voz para denunciar una extensa red de complicidad que facilita los despojos de propiedades mediante métodos fraudulentos, conocidos como despojos de cuello blanco. Tras una investigación publicada por Excélsior, se reveló que en el Valle de México se ha propagado un esquema que involucra trámites ilegales en el Registro Público de la Propiedad para cambiar la titularidad de inmuebles sin consentimiento de los dueños legítimos.
Llamado a fortalecer las leyes y generar alianzas
Diputados de distintos partidos políticos coinciden en la urgencia de fortalecer las leyes y establecer una alianza estratégica con el gobierno de la ciudad. Royfid Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló: "Hay toda una red de complicidad que se tiene que desarticular. No son solamente los juzgados los que están involucrados, sino también el propio Registro Público, que facilita documentos para llegar a juicios y sentencias fraudulentas".
Paulo García, vocero de Morena, expresó: "Coincidimos en el diagnóstico: ha habido una sofisticación de este delito, con operadores en el Poder Judicial y otras esferas". Sin embargo, destacó que un paso importante se dio con la reforma al Código Penal aprobada en noviembre pasado, impulsada por la jefa de Gobierno, que incrementó las penas por despojo de cinco a seis años mínimos y de diez a once años máximos, e incluyó la simulación de actos jurídicos y suplantación de identidad como métodos delictivos.
Iniciativas adicionales y desafíos en la notificación
Diego Garrido, diputado del PAN, consideró que se requieren reformas adicionales para abordar las nuevas problemáticas. Detalló que presentará una iniciativa para obligar al Registro Público de la Propiedad a alertar a los ciudadanos cuando se intenten alterar las inscripciones de sus propiedades. "Hay muchas simulaciones de actos jurídicos, incluso con notarios que reciben documentos apócrifos para cambiar propietarios", afirmó.
Al respecto, Paulo García de Morena comentó: "Como idea me parece bien, pero no es tan sencillo actualizar el registro. La notificación a domicilio no siempre es garantía, y otros medios como teléfono o correo electrónico pueden ser difíciles de implementar". Garrido también propuso establecer responsabilidad penal para funcionarios que realicen registros irregulares, señalando que la corrupción en este ámbito propicia despojos por vía jurídica.
Diálogo y casos emblemáticos de afectados
Royfid Torres enfatizó la necesidad de un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para establecer un esquema de regularización de propiedades, ya que estos despojos a menudo aprovechan casos de herencias no formalizadas. Un ejemplo es el de Guadalupe Moreno, quien vive en la colonia Nativitas en un inmueble heredado de su abuela. En 2025, descubrió que el predial estaba a nombre de J. Refugio Gómez Robledo, un desconocido con 19 propiedades a su nombre en la Ciudad de México.
Su hermano, Carlos Moreno, enfrenta problemas similares en calzada de Tlalpan 960. En 2021, Enrique Heredia Gómez inició un juicio que prescribió la propiedad sin haber vivido allí, y aunque Carlos intentó ampararse, no pudo notificarlo debido a direcciones falsas. Posteriormente, Heredia Gómez vendió el predio a J. Refugio Gómez Robledo, y Carlos tampoco ha podido defenderse por falta de notificación. Otros inmuebles contiguos, como Tlalpan 958 y 956, padecen el mismo acecho de invasores de cuello blanco.
Este caso ilustra la complejidad y el impacto social de estos despojos, subrayando la urgencia de acciones legislativas y colaborativas para proteger a los ciudadanos y desarticular las redes de corrupción involucradas.
