Gobernador de Nuevo León desconoce validez de amparo federal en polémico caso empresarial
El conflicto entre el Gobierno de Nuevo León y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) ha escalado a niveles preocupantes tras las declaraciones del gobernador Samuel García, quien públicamente rechazó acatar una resolución judicial federal. En medio de la controversia generada por un audio filtrado donde se solicita un "pago fuerte" a la compañía, el mandatario estatal afirmó que el amparo obtenido por la pedrera carece de validez desde su perspectiva.
Declaraciones que desafían el marco legal
"¿Qué pasó? Que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale", declaró el gobernador al referirse a las suspensiones judiciales obtenidas por algunas empresas del sector. Estas palabras, pronunciadas por un licenciado en Derecho con maestría y doctorados en áreas legales, han sido interpretadas por especialistas y actores del sector empresarial como una señal de desdén hacia las instituciones judiciales y al estado de derecho.
Samuel García, quien cuenta con formación académica en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como doctorados en Política Pública y Derecho Fiscal, sostuvo que la empresa mantiene adeudos por concepto de impuestos ambientales. Sin embargo, su postura frente al amparo federal ha opacado este argumento fiscal.
Contexto de audio filtrado y negaciones oficiales
Las declaraciones del gobernador ocurren en el marco de la difusión de un audio donde el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para solicitar un "pago fuerte" a Matrimar a cambio de facilitar su operación. El gobierno estatal ha rechazado categóricamente que exista corrupción en este caso, insistiendo en que sus acciones responden únicamente al cobro de contribuciones ambientales pendientes.
El caso Matrimar se desarrolla en un contexto de incertidumbre para el sector productivo de Nuevo León, que observa con preocupación la combinación de auditorías, clausuras temporales y disputas legales con la administración estatal. Esta situación ha generado un choque de versiones donde las declaraciones del gobernador contrastan con documentos judiciales, creando lo que algunos analistas describen como una confrontación de "palabra contra documento".
Repercusiones en el ambiente empresarial y legal
La postura del gobernador García ha levantado alertas sobre el respeto a las garantías judiciales en el estado. Expertos en derecho constitucional han señalado que los amparos federales representan mecanismos fundamentales de protección ciudadana y empresarial frente a posibles abusos de autoridad, por lo que su desacato por parte de un funcionario público genera precedentes preocupantes.
Mientras tanto, el sector empresarial de Nuevo León monitorea con atención el desarrollo de este caso, que podría establecer patrones en la relación gobierno-empresas durante la administración actual. La combinación de elementos fiscales, judiciales y las acusaciones de corrupción han convertido este conflicto en un referente de la gobernabilidad estatal.
