La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha salido al paso de las especulaciones sobre el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al asegurar que se trató de una medida preventiva y no de una investigación formal en su contra. La aclaración se produjo durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde Sheinbaum explicó que el bloqueo fue automático, derivado de órdenes de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas.
Medida automática y preventiva
Sheinbaum afirmó que el congelamiento de cuentas se dio de manera automática por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un mecanismo preventivo. "Les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran. Ahí se va a explicar en el documento", declaró la mandataria. Enfatizó que no existe una investigación de la UIF contra Rocha Moya, sino que "son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos".
Detalles del bloqueo
La UIF bloqueó las cuentas de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros siete señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según fuentes bancarias, la notificación llegó a las instituciones financieras el pasado 6 de mayo. La medida, basada en el Acuerdo 156/2026 de la UIF, implica la suspensión total de operaciones bancarias y el congelamiento de activos en el sistema financiero mexicano.
Acusaciones de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones el 29 de abril contra Rocha Moya y otros altos funcionarios de Sinaloa por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Entre los acusados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano actúa con transparencia y que la medida busca evitar cualquier riesgo ante las acusaciones internacionales, sin que ello implique una investigación directa contra los funcionarios mexicanos.
