Gobierno de Sheinbaum supera en represión a las medidas de Peña Nieto contra ONGs
En un giro histórico que ha sorprendido a analistas políticos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuando la línea de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ha implementado medidas represivas contra organizaciones de la sociedad civil que superan incluso las acciones consideradas por el expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato.
El antecedente de 2017: La ira de Peña Nieto contra Claudio X. González
El episodio se remonta a 2017, cuando Enrique Peña Nieto se encontraba en la fase final de su gobierno, con niveles de popularidad extremadamente bajos y acosado por múltiples escándalos de corrupción. En ese contexto, el empresario y activista Claudio X. González, quien acababa de fundar la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, incluyó al entonces mandatario en un "top 10" de los corruptos del país durante una conferencia en la Universidad Iberoamericana.
La reacción del gobierno de Peña Nieto fue inmediata y furiosa. Ordenó una serie de auditorías exhaustivas dirigidas específicamente a Claudio X. González y a todas las organizaciones sociales en las que participaba. Los equipos de fiscalización revisaron minuciosamente:
- Las finanzas y estados contables
- Las nóminas de empleados y colaboradores
- Los donativos recibidos de particulares e instituciones
- Los gastos administrativos operativos
- Las declaraciones fiscales presentadas
Los auditores presentaron al presidente una lista detallada de presuntas irregularidades que podrían haber servido como base para acciones legales contra González y sus organizaciones. Sin embargo, se enfrentaron a una decisión crucial: al proceder contra estas entidades, inevitablemente afectarían a numerosas otras organizaciones de la sociedad civil que no tenían relación alguna con el crítico empresario, pero que podrían haber incurrido en prácticas similares, muchas de ellas derivadas de la operación natural de las ONGs bajo estrictas regulaciones fiscales.
La contención de Peña Nieto frente a la ofensiva actual
Contra todas las expectativas, Enrique Peña Nieto decidió no proceder con la represión. Aparentemente, el coraje inicial se disipó, y el mandatario optó por no sacrificar al amplio ecosistema de organizaciones civiles con el único propósito de golpear a su acérrimo crítico. Esta contención contrasta marcadamente con las acciones del régimen actual.
Según reportes de El Universal, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido asfixiar financieramente a decenas de organizaciones de la sociedad civil como represalia por sus posturas críticas en temas sensibles como:
- Corrupción gubernamental e impunidad
- Políticas de salud pública y acceso a servicios médicos
- Protección del medio ambiente y recursos naturales
- Calidad educativa y reformas al sistema
- Proyectos de infraestructura y su impacto social
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les ha cancelado la posibilidad de que los donativos que reciben sean deducibles de impuestos, lo que representa un golpe devastador que elimina aproximadamente el 70% de sus ingresos. Esta medida no solo las estrangula financieramente, sino que amenaza con su aniquilamiento operativo.
Argumentos regulatorios versus motivaciones políticas
Los argumentos regulatorios esgrimidos por el SAT han sido categóricamente contestados por los equipos legales y contables de las organizaciones afectadas. Estos profesionales han presentado correcciones detalladas a los requerimientos de la autoridad, demostrando el cumplimiento normativo, pero no han recibido respuesta alguna, lo que acentúa la percepción de que la medida responde principalmente a motivaciones políticas.
La ironía histórica resulta palpable cuando se recuerdan las declaraciones de López Obrador y Sheinbaum durante la administración de Peña Nieto, cuando calificaban a su gobierno como "el más corrupto de la historia" y "el más autoritario de la historia". Hoy, la dupla morenista está implementando medidas represivas que ni siquiera el expresidente se atrevió a ejecutar, disfrazando lo que muchos analistas consideran una venganza política como una simple querella administrativa.
Este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo un precedente peligroso para el espacio cívico y la libertad de crítica en el país.
