Desde septiembre de 2024, la Cámara de Diputados ha recibido 60 iniciativas relacionadas con la reforma que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un solo tipo penal de feminicidio, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. Estas propuestas deberán integrarse en el proceso de dictaminación del proyecto presidencial.
Detalles de las iniciativas
López Rabadán detalló que 58 iniciativas abordan directamente el feminicidio, mientras que dos proponen una nueva ley general. Las propuestas incluyen reformas al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “Estas 60 iniciativas de distintas fuerzas políticas debemos revisarlas cuidadosamente y recuperar lo mejor de cada una”, señaló la legisladora del PAN.
Objetivos de la reforma
La diputada subrayó la necesidad de construir “una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo el país, proteja a las víctimas, garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”. Además, respaldó que el feminicidio sea un delito imprescriptible, para que “ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo”.
Eliminación de beneficios
López Rabadán también apoyó la propuesta de que no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de penas, libertad condicionada o amnistías en casos de feminicidio, medidas que podrían traducirse en impunidad. “Una buena ley es indispensable, pero no será suficiente por sí sola. También se necesitan fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar”, afirmó.
Participación de víctimas y expertos
La presidenta de la Mesa Directiva enfatizó que el Congreso debe escuchar a víctimas, familias, organizaciones civiles, especialistas, académicos, fiscalías y expertos en justicia. “La víctima debe estar en el centro de toda actuación del Estado mexicano. Cada decisión de las autoridades debe servir para proteger a las víctimas, garantizar su acceso a la justicia, evitar su revictimización y asegurar la reparación integral del daño”, concluyó.
