La Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de las seis bancadas el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar el enfoque de envejecimiento saludable, aunque de última hora se eliminó la atención médica domiciliaria tras una opinión de desacuerdo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Reforma avanza con respaldo unánime, pero sin atención domiciliaria
El dictamen, que ya cuenta con el respaldo de las seis bancadas, fue enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para que programe su aprobación en el pleno cuando se retomen las sesiones ordinarias el próximo primero de septiembre. La reforma incorpora el concepto de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), priorizando la prevención, la autonomía y la atención integral.
Sin embargo, el término de atención médica domiciliaria, que daría soporte jurídico al programa de Salud casa por casa promovido por la administración federal, fue retirado del documento original. En el texto desechado se argumentaba la importancia de que la reforma coincidiera con dicha política pública, pero la documentación gubernamental turnada a la Comisión incluía una opinión de desacuerdo del DIF, que señaló que la reforma sólo podría transitar sin esa adición.
Contexto de la iniciativa y su contenido
La iniciativa fue presentada a inicios de julio por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y la senadora Gina Campuzano González, quienes señalaron que el aumento de la esperanza de vida exige fortalecer la atención geriátrica, el envejecimiento saludable y la atención médica domiciliaria. El dictamen original recuperaba esa propuesta, explicando que la atención domiciliaria sería parte de los derechos de la ley, con el agregado de que ocurriría “cuando exista indicación médica o valoración profesional que así lo determine, constituye una herramienta fundamental para garantizar continuidad de cuidados, prevención de complicaciones y acompañamiento digno”.
El proyecto también reconoce que “las personas adultas mayores constituyen un grupo que presenta necesidades diferenciadas derivadas de la presencia de enfermedades crónicas, multimorbilidad, deterioro funcional, discapacidad, dependencia parcial o total y requerimientos específicos de rehabilitación y cuidados de largo plazo”. Por ello, las legisladoras promoventes plantearon la necesidad de legalizar la modalidad de atención domiciliaria, argumentando que garantizar el derecho a la salud exige modelos diferenciados de atención para evitar que la igualdad formal se traduzca en desigualdad material.
Datos demográficos y cambios en la ley
El proyecto recuerda que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitan más de 17 millones de personas de 60 años y más, lo que representa aproximadamente el 13 % de la población nacional. Este incremento de la esperanza de vida representa un desafío para el Estado mexicano tanto en ofrecer atención geriátrica especializada como en dar acompañamiento domiciliario.
En cuanto al concepto de envejecimiento saludable, que sí quedó incorporado al dictamen, se indica que las personas adultas mayores tienen derecho a conservar y desarrollar su capacidad funcional, cognitiva, física, social, cultural y comunitaria. La modificación aprobada señala que tendrán derecho “a desarrollar, conservar y fomentar sus capacidades funcionales, que les permitan ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales y promover el envejecimiento saludable”, en sustitución del actual inciso b que sólo mencionaba “desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales”.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva de San Lázaro para su programación en el pleno, que retomará sesiones el primero de septiembre, donde se espera su aprobación final.
