El lunes pasado, en la mañanera, el secretario Mario Delgado abrió un debate que en México llevábamos años posponiendo: qué hacer con los celulares y las redes sociales en la vida de niños y adolescentes. Lo planteó junto a la presidenta Sheinbaum como el arranque de una consulta nacional con la UNESCO y con especialistas, y sin decantarse por un modelo. Hay 79 países que ya tomaron alguna medida y 16 entidades del país con regulaciones propias. La cifra que dio Delgado es la que ordena la urgencia: más de 90% de los adolescentes mexicanos son usuarios habituales de internet.
Dos discusiones que no deben mezclarse
Conviene separar dos discusiones que suelen presentarse juntas. Una es la del celular dentro del aula: si entra a la clase, si se guarda a la entrada, si se permite en el recreo. La otra es la de la edad mínima para tener cuenta en redes sociales. La primera cabe en un reglamento escolar y la puede resolver cada plantel. La segunda exige verificación de identidad, sanciones a las plataformas y una arquitectura legal que México todavía no tiene. Cuando ambas se mezclan, se genera la ilusión de que un mismo decreto arregla las dos cosas.
Los argumentos para regular están bien documentados. La UNESCO ha vinculado el uso intensivo de smartphones en clase con caídas de rendimiento y con daño a la convivencia escolar. Los pediatras alertan sobre trastornos de atención, ansiedad, insomnio, imagen corporal, exposición a violencia y a contenidos sexuales cuya trazabilidad es imposible para cualquier madre razonable. El diseño de las plataformas fue pensado para retener, y las infancias no tienen ninguna herramienta contra ese diseño. Nadie discute honestamente que el problema exista. La discusión es qué se puede hacer con él sin abrir problemas nuevos.
La advertencia australiana
Ahí es donde el ejemplo australiano deja de ser inspirador y se vuelve advertencia. Australia legisló en diciembre de 2024 la prohibición de que los menores de 16 años tengan cuenta en redes: sin excepción por consentimiento paterno, con multas de hasta 32 mdd para las plataformas y con la responsabilidad puesta sobre TikTok, Meta, X, Snap, YouTube y compañía. La ley entró en vigor el 10 de diciembre de 2025. Tres meses después, un estudio del regulador eSafety mostró que más de ocho de cada 10 menores seguían con cuentas activas: unos las conservaron porque las plataformas no las detectaron, otros las volvieron a crear, otros usaron cuentas falsas o navegación privada. El resultado inmediato de la ley más estricta del mundo fue, en buena medida, cosmético.
Lo cual no significa que Australia se equivocara. Significa que el costo real de este tipo de regulación se paga en tres cuentas. La tecnológica: la verificación de edad seria requiere selfies con reconocimiento facial, cotejo con documentos oficiales o infraestructuras biométricas, y todo eso choca con derechos a la privacidad de los menores, sin que quede claro quién guarda esos datos ni con qué candado. La sociológica: si se prohíbe el acceso legal, una parte del uso se muda a rincones sin moderación, a cuentas clandestinas, a plataformas menos vigiladas. Y la política: quién audita a las plataformas, quién impone las multas, con qué equipos técnicos y con qué contrapesos frente al lobby de las grandes tecnológicas.
La ecuación mexicana
En México la ecuación se complica. El celular no es sólo un juguete: para millones de hogares es el único acceso a internet, la ventana para hablar con el padre que está trabajando en EU, la herramienta con la que se hicieron las tareas durante la pandemia y la que sigue usándose en escuelas donde no llegó el equipo prometido. Cualquier regulación que ignore eso terminará castigando otra vez a los mismos. Por eso el planteamiento del secretario tiene más sentido de fondo que un decreto ambicioso mal pensado. Lo viable y de bajo costo es lo obvio: reglas claras dentro del aula, acordadas entre docentes, familias y estudiantes, con espacio para que cada escuela ajuste el detalle. Lo más caro, pero necesario es lo que casi nadie está pidiendo: obligar a las plataformas a rendir cuentas por lo que sus algoritmos sirven a los menores que ya están dentro, sea con 12 años o con 17. El daño no ocurre por tener una cuenta; ocurre por lo que se ofrece a esa cuenta. Ése es el nudo que la conversación mexicana todavía elude.
Y hay otra parte, incómoda, que no tiene decreto posible. Un niño que llega a casa y a padres que no levantan la vista del suyo aprendió lo que necesitaba aprender antes del primer scroll. Ninguna ley resuelve eso. Es probable que necesitemos regulación y también es seguro que la regulación no va a bastar. Australia acaba de demostrarlo con datos.
