Congreso capitalino da luz verde a reforma que limita pensiones privilegiadas
El Congreso de la Ciudad de México, actuando en su calidad de integrante del Constituyente Permanente, ha dado su aprobación definitiva a una iniciativa histórica que establece límites concretos a las jubilaciones y pensiones dentro de las entidades públicas. Esta decisión legislativa marca un punto de inflexión en la política de prestaciones para servidores públicos.
Unánime respaldo con matices: las voces en el pleno
Durante la sesión, las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa, Elvia Estrada Barba y Patricia Urriza Arellano, junto con los congresistas Ernesto Cantú Villarreal y Omar García Loria, tomaron la tribuna para fundamentar su posición respecto a las denominadas "pensiones doradas". A pesar de provenir de diferentes fuerzas políticas, hubo un consenso notable en que esta reforma constitucional responde a una demanda ciudadana urgente de equidad y justicia social.
Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, fue contundente al señalar que "las altas pensiones y jubilaciones representan un uso indebido del poder para construir privilegios económicos". Subrayó que el llamado Segundo Piso de la Transformación tiene como objetivo salvaguardar estos derechos, pero dentro de parámetros razonables. "No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo. Los puestos públicos son encargos; son una responsabilidad frente a la nación", afirmó con énfasis.
Críticas y advertencias desde la oposición
Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza manifestó el apoyo de su bancada a la implementación de topes, destacando que algunas pensiones privilegiadas "superan hasta en 149 veces el promedio nacional". No obstante, expresó una preocupación fundamental: "Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones", cuestionando así la falta de un esquema de justicia intergeneracional en la propuesta.
Por su parte, el diputado priista Omar García coincidió en la necesidad de ajustar las pensiones públicas, pero lanzó una advertencia: "Entendemos la importancia de evitar excesos y escuchamos la exigencia ciudadana de mayor austeridad. Pero estos objetivos deben lograrse sin destruir la certeza jurídica". Hizo un llamado a no pisotear derechos adquiridos y a evitar conflictos constitucionales futuros.
Una distorsión del servicio público
Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT, ofreció una perspectiva histórica, argumentando que durante los gobiernos neoliberales se distorsionó profundamente el concepto de servicio público. "Mientras la mayoría apenas aspiraba a una jubilación básica, unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados de cientos de miles y hasta de millones de pesos al mes", declaró, ilustrando la profunda desigualdad que esta reforma busca corregir.
La aprobación de esta iniciativa no solo establece un precedente legal, sino que envía un fuerte mensaje político sobre la priorización del gasto público y el fin de los privilegios considerados excesivos por amplios sectores de la sociedad.
