Senado perfila aprobación parcial del Plan B electoral ante falta de apoyo del PT
El Senado de la República se encuentra en medio de intensas negociaciones y presiones políticas mientras discute el llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La falta de acuerdos con el Partido del Trabajo (PT) ha llevado a los legisladores oficialistas a considerar una aprobación parcial del paquete de reformas, excluyendo específicamente las modificaciones a la revocación de mandato.
Exclusión de la revocación de mandato para lograr consenso
De acuerdo con senadores del bloque oficialista, la aprobación "en lo general" del Plan B por parte de Morena, PVEM y PT es un hecho inminente. Sin embargo, para lograr la mayoría calificada necesaria, se perfila la exclusión de las modificaciones a la revocación de mandato del dictamen final.
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, confirmó esta estrategia: "(Se aprobará) En lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, puede haber ciertos artículos que se puedan reservar. Y ahí ya cada fracción va a definir su posición".
Velasco reconoció explícitamente la falta de acuerdo con el PT y con uno de los senadores del PVEM, Luis Armando Melgar, respecto a los términos planteados para la revocación de mandato. Las modificaciones controvertidas establecían que este ejercicio se realizaría de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027 y permitirían a la presidenta Sheinbaum promocionarlo y llamar al voto.
Estrategias oficialistas ante la incertidumbre
El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, admitió que se ha planteado dejar fuera la parte de revocación de mandato para facilitar la aprobación del resto del Plan B. "No descartamos ninguno de los escenarios", aseveró Martínez, explicando que ante la incertidumbre sobre el voto del PT y la falta de garantías para alcanzar los dos tercios necesarios, se trabajan distintas rutas legislativas.
Martínez detalló que el objetivo principal es rescatar el Plan B, "aunque sea parcialmente", priorizando aquellos aspectos que puedan contar con el consenso necesario para su aprobación.
Firme oposición preparada para votar en contra
Mientras tanto, los partidos de oposición se han declarado listos para votar en contra del dictamen si no se realizan cambios sustanciales en el artículo relacionado con la revocación de mandato. Su principal objeción se centra en las facultades que se otorgarían a la presidenta Sheinbaum para llamar al voto, mientras que la oposición enfrentaría restricciones para participar en condiciones de equidad.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó esta propuesta de revocación de mandato como una "trampa" que permitiría a la presidenta hacer campaña anticipada con recursos públicos. "Es el artículo más delicado... confiamos en que no obtenga la mayoría calificada y quede fuera de la reforma", afirmó Anaya, garantizando la presencia de sus 21 senadores para votar en contra.
Consecuencias políticas para el gobierno federal
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que un fracaso del Plan B electoral podría tener consecuencias significativas para la presidenta Sheinbaum. "Si hay un fracaso del Plan B, como todo aparenta que ocurrirá, pues el margen de maniobra de la Presidenta se verá reducido sensiblemente", advirtió Castañeda.
El legislador añadió que "el escenario político del país está cambiando vertiginosamente" y que la proximidad del proceso electoral de 2027 tiene "muy nerviosos a Morena, por supuesto a sus aliados y al gobierno federal".
Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la inclusión de la revocación de mandato responde más a un intento de influir en procesos electorales futuros que a una genuina política de austeridad. Añorve aseguró que su bancada votará en contra del dictamen sin excepciones: "no habrá senadores enfermos, ni ausentes".
La discusión del Plan B electoral continúa en el Senado mientras los diferentes actores políticos evalúan sus posiciones finales ante lo que podría convertirse en una significativa derrota legislativa para el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia electoral.
