La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos abrió un nuevo capítulo en su trayectoria política. Desde la década de los noventa, su nombre ha sido relacionado con distintos señalamientos públicos surgidos durante el periodo en que el Cártel de Tijuana consolidó su presencia en la entidad.
Antecedentes de señalamientos sin proceso penal
Los antecedentes contra el exmandatario en su momento correspondían a acusaciones, testimonios y trabajos de investigación que no derivaron en una sentencia ni en un proceso penal; sin embargo, generaron inquietud en las esferas de la política nacional. Décadas después, se abrió un nuevo frente judicial en su contra, luego de que Ingemar S.A. de C.V., empresa constituida en 2018 y vinculada al exgobernador, quedó bajo investigación por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Ruffo Appel: el primer gobernador de oposición
Ruffo Appel llegó al gobierno de Baja California en 1989, tras vencer al PRI como candidato del PAN. Su triunfo lo convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido en la historia moderna de México. Su administración, que concluyó en 1995, coincidió con el fortalecimiento del Cártel de Tijuana, organización que convirtió a Tijuana en uno de sus principales centros de operación.
Denuncias sobre infiltración del cártel en corporaciones de seguridad
Entre 1991 y 1993 surgieron denuncias sobre la presunta infiltración del cártel en corporaciones de seguridad estatales. Las investigaciones en su momento por elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) señalaban la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del Estado a integrantes de organizaciones criminales. Una de las líneas de investigación que se realizaban en su momento era la de un supuesto acuerdo con los líderes de la organización para que se mantuvieran bajos los niveles de violencia a cambio de una reducción de los operativos en su contra.
Carta de Morales Lechuga y financiamiento de campaña
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta dirigida al periodista Jesús Blancornelas, cuestionando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana. El documento habría planteado la existencia de omisiones, deficiencias y posibles actos de protección institucional; no obstante, su contenido formó parte de señalamientos políticos y periodísticos, no de una determinación judicial. Años después, los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narco a la campaña electoral de Ruffo Appel, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes de integrantes del Cártel de Tijuana. El señalamiento no derivó en una orden de aprehensión, una vinculación a proceso o una sentencia contra el exmandatario, simplemente se tomó como un rumor del proceso electoral.
Ingemar S.A. de C.V. y el aseguramiento de 129 carrotanques
Décadas más tarde, Ruffo Appel ingresó al sector energético y aduanal mediante su participación en Ingemar S.A. de C.V., empresa constituida en 2018. La sociedad amplió posteriormente sus actividades para intervenir en la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos. El exgobernador se incorporó en 2021 como accionista y secretario del consejo de administración. El nombre de Ingemar apareció en investigaciones federales después del aseguramiento de 129 carrotanques, realizado el 7 de julio de 2025 en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. Las unidades transportaban 15 millones 480 mil litros de gasolina, diésel y otros derivados considerados de procedencia ilícita.
Investigación de la FGR y declaraciones de Ruffo Appel
A partir del decomiso, la FGR rastreó pedimentos aduanales, rutas ferroviarias, importadores, destinatarios y operaciones financieras. La institución sostiene que la red declaraba aditivos, aceites o residuos para reducir el pago de impuestos, aunque los carrotanques transportaban gasolina o diésel. En otros casos, presuntamente se reportaban cantidades inferiores a las trasladadas. Ruffo Appel rechazó que Ingemar fuera propietaria de los hidrocarburos o que participara directamente en su transporte. Explicó que la empresa únicamente elaboraba y gestionaba documentos aduanales con información proporcionada por exportadores e importadores. “Nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, declaró.
Detención en Ensenada y traslado a la Fiscalía Especializada
Las investigaciones posteriores permitieron identificar una estructura que presuntamente introducía combustibles desde Estados Unidos mediante ferrocarriles. El 16 de julio de 2026, detuvieron a Ruffo Appel en Ensenada, por su probable responsabilidad y a Ricardo Thompson Navarro, identificado como otro de los socios de Ingemar. La Secretaría de Marina trasladó ayer a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada cajas con carpetas de la empresa del exmandatario.
