Ernesto Ruffo, el primer gobernador de oposición durante el priato, se convirtió ayer en un símbolo de la justicia sesgada que impera en el gobierno de la cuarta transformación. El exmandatario de Baja California fue detenido en Ensenada por la “posible comisión” de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, un arresto que contrasta con la tranquilidad y protección oficial que reciben gobernadores de Morena señalados por pactos con el narco.
Detención de Ruffo: un caso que genera controversia
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que la detención se deriva de “una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California”. La empresa en cuestión es Ingemar, de la cual Ruffo es socio, y está vinculada al megadecomiso en Coahuila de más de 15 millones de litros de combustible ilícito en julio de 2025.
En septiembre de 2025, el nombre de Ruffo ya se había vinculado al huachicol fiscal. Compareció ante la FGR como testigo en noviembre de 2025, negó cualquier responsabilidad y señaló que el problema radica en las aduanas. En ese momento, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, desmintió en la mañanera que existiera una orden de aprehensión contra Ruffo. El propio exgobernador declaró: “Aquí estoy, ni prófugo ni amparado”.
Reacciones de la oposición: acusan persecución política
El Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que exige respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero confía en que Ruffo aclarará los hechos por las vías legales. Sin embargo, advierte que “la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos ni jueces del bienestar”.
El diputado panista Germán Martínez fue más contundente: “La FGR es una liebre para perseguir opositores y una tortuga para perseguir a los suyos. Va y los rescata, como a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Con Ruffo quieren tapar lo de Marina del Pilar y sus escándalos confirmados por el exgobernador Bonilla”. Martínez añadió que Ruffo “ni ha pedido licencia ni es panista ni ha huido ni es el motivo principal de la desestabilización y la ingobernabilidad en Baja California”.
Comparaciones con gobernadores de Morena
El arresto de Ruffo resalta el contraste con la situación de otros mandatarios estatales. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado por Estados Unidos de nexos con Los Chapitos. Marina del Pilar Ávila, de Baja California, fue señalada por su antecesor Jaime Bonilla de vínculos con el crimen organizado. Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son investigados en EU por el mismo delito, según Los Ángeles Times y The New York Times, pero en México no han enfrentado consecuencias.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, advirtió que su partido no permitirá que este episodio se utilice para desviar la atención: “Seguiremos insistiendo en que se investigue a fondo a la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI”.
Somos México califica la detención de “infamia”
Ruffo ya no milita en el PAN, sino en el partido Somos México. Su líder nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la detención de “infamia absoluta” y aseguró que “es un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y de Rubén Rocha Moya”. Exigió su liberación y afirmó: “Es, sin duda, un preso político. Las personas honradas son ahora detenidas y los maleantes protegidos”.
El comunicado de la FGR incluye una foto actual de Ruffo con la leyenda: “Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”. Sin embargo, la contradicción entre la presunción de inocencia y el arresto genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
