La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebró un contrato por 101 millones 757 mil 810 pesos con la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes en línea durante 2026, mediante una adjudicación directa que supera por más de 21 veces el monto a partir del cual la normatividad interna exige una licitación pública.
El umbral establecido por la Circular SADM/1/2026 y el tabulador del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es de 4 millones 770 mil pesos sin IVA. A partir de esa cifra, la Dirección General de Proveeduría debe convocar a un proceso de licitación pública, a menos que se actualice una causa de excepción justificada y dictaminada a favor por el Comité.
Un contrato excepcional de 101.7 millones
En el caso de Territorium, la UNAM recurrió a la figura de excepción a la licitación pública. El contrato establece que la adjudicación se derivó de una solicitud de excepción dictaminada como procedente por el Comité de Adquisiciones en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de marzo de 2026. La decisión se sustentó en diversos apartados de la Normatividad de Adquisiciones y en la propia Circular SADM/1/2026.
De acuerdo con el expediente, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) fue la dependencia que elaboró el expediente técnico y solicitó prescindir del procedimiento ordinario. La DGAE argumentó que la plataforma de Territorium incorporaba inteligencia artificial y aprendizaje automático capaces de detectar patrones anómalos, prevenir fraudes, reforzar la supervisión humana y garantizar la transparencia durante la aplicación de los exámenes.
El contrato alcanza un monto máximo de 101.7 millones de pesos y cubre la aplicación de exámenes en línea para bachillerato, licenciatura y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) durante todo 2026.
La carga de justificar la excepción
La Circular SADM/1/2026, firmada por el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, establece que cuando una dependencia solicita una excepción a la licitación pública, la entidad promovente debe justificar documentalmente la procedencia de esa decisión. Además, señala que es responsabilidad de la dependencia acreditar que la contratación se sustenta en criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez.
El documento exige que la hipótesis legal invocada se motive “contundentemente” y que las razones para prescindir de una licitación pública queden claras y suficientemente acreditadas por el titular de la dependencia solicitante. En este caso, la DGAE, encabezada por Ivonne Ramírez Wence, presentó la justificación técnica basada en las capacidades de inteligencia artificial de la plataforma.
Con base en esa justificación, el Comité de Adquisiciones autorizó la excepción y la Universidad celebró el contrato con Territorium Life por 101.7 millones de pesos.
El contexto de las anomalías en la admisión
Meses después de la adjudicación, la plataforma se colocó en el centro de la crisis del proceso de admisión a licenciatura 2026-2027. La UNAM detectó irregularidades en el concurso y ordenó la aplicación de un examen presencial de control para miles de aspirantes.
Tras las anomalías detectadas, el expediente de contratación adquiere un nuevo contexto. Los argumentos técnicos con los que la DGAE solicitó la excepción a la licitación pública ahora son revisados a la luz de los problemas operativos y de seguridad que se presentaron durante los exámenes en línea.
El caso evidencia las tensiones entre la rapidez en la contratación de servicios tecnológicos y los controles establecidos por la propia normatividad universitaria para proteger la transparencia y la equidad en los procesos de selección.
