Un sistema punitivo inmutable: la Corte y la criminalización del cannabis
Los gobiernos cambian, los años transcurren y los discursos se transforman, pero el sistema punitivo en México permanece inalterable. Las personas continúan siendo detenidas y privadas de su libertad por el consumo de drogas, mientras instituciones clave, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recurren a argumentos que sostienen la prohibición.
El caso de Ciudad Juárez: un ejemplo de injusticia
En 2021, una persona en situación de calle en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida por consumir marihuana en la vía pública. Se le vinculó a proceso por narcomenudeo al portar 14.26 gramos, cantidad superior a los 5 gramos establecidos en la tabla de dosis máxima de consumo personal de la Ley General de Salud. El asunto llegó a la Corte, donde se analizó el artículo 478 de dicha ley, que permite al Ministerio Público ejercer acción penal automática en estos casos.
El proyecto del ministro ponente, Giovanni Figueroa, argumentaba que la posesión de cannabis no debía criminalizarse ni presumirse automáticamente como delito. Propuso que, incluso al rebasar los límites normativos, no se asumiera una conducta distinta al consumo personal. La idea central era analizar caso por caso, con base en circunstancias objetivas y personales, para evitar la criminalización y proteger los derechos de las personas.
Un avance limitado en el Pleno de la Corte
En el Pleno, se reconoció que no había elementos para sostener que la persona se dedicara al narcomenudeo, vinculando su conducta únicamente al consumo personal. Este análisis, más garantista y protector, evitó presunciones generales. El proyecto fue aprobado con cinco votos, protegiendo a la persona quejosa y obligando a la autoridad a excluir el delito en ese caso específico.
Sin embargo, se perdió una oportunidad crucial. No se alcanzaron los seis votos necesarios para invalidar la frase normativa del artículo 478, lo que hubiera creado un precedente con efectos generales y ampliado la protección a todas las personas. Cuatro ministras votaron en contra, tres identificadas como cercanas al gobierno anterior, manteniendo intacto un esquema de fiscalización que opera sin cambios sustanciales desde hace 17 años.
Impacto desproporcionado en poblaciones vulnerables
Esta decisión no es abstracta; es profundamente preocupante. Mantener el sistema de prohibición implica que sus efectos seguirán recayendo desproporcionadamente en poblaciones más vulnerables. Investigaciones de Elementa muestran que las pruebas de detección de drogas y detenciones arbitrarias afectan principalmente a personas racializadas, de contextos socioeconómicos precarios y grupos históricamente violentados. La decisión de someter a alguien a una prueba a menudo se basa en aspectos físicos, sexo, edad u origen étnico.
Resistencia judicial y promesas incumplidas
Este caso representaba una oportunidad para un cambio real y la ampliación de derechos, como se prometió con las elecciones al Poder Judicial. El uso de drogas exige un entendimiento que va más allá de lo normativo, requiriendo análisis contextuales, sociales y de derechos humanos. No obstante, esta lectura fue ignorada, y las promesas de reforma judicial aún no se reflejan plenamente en la nueva conformación de la Corte.
Aunque la deuda con las personas usuarias sigue intacta, el proyecto votado revela que existen voces dentro de la Corte que reconocen la injusticia y distancia del derecho con la realidad. Los asuntos de drogas que lleguen a la Corte seguirán enfrentando resistencias y posturas prohibicionistas, pero mientras el sistema ignore la realidad social, la discusión permanecerá abierta.
